Ginebra, Suiza | AFP | Expertas de Naciones Unidas pidieron este martes al gobierno de Nicaragua que libere “inmediata e incondicionalmente” al encarcelado obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del presidente Daniel Ortega que en febrero pasado fue condenado a 26 años de prisión.

“El Gobierno debe liberar inmediata e incondicionalmente a monseñor Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país”, dijeron en un comunicado la relatora especial sobre Libertad de Religión o de Creencias, Nazila Ghanea, y la relatora especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Irene Khan.

Álvarez, obispo de Matagalpa y detenido desde agosto de 2022, ha preferido la cárcel al exilio y no estaba incluido entre los 12 sacerdotes que el gobierno de Nicaragua liberó en octubre y envió a Roma tras un acuerdo con el Vaticano.

Álvarez, de 56 años, fue condenado el 10 de febrero a 26 años y cuatro meses bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato, entre otros, un día después de rechazar partir a Estados Unidos con 222 opositores presos expulsados del país. Fue privado de su nacionalidad nicaragüense, señalado de “traidor a la patria”, como el resto.

En julio estuvo fuera de la cárcel algunas horas, pero fue devuelto a prisión tras negarse nuevamente a dejar el país, dijo entonces a la AFP una fuente diplomática en Managua.

Las expertas, independientes y que no hablan en nombre de la ONU, expresaron su “profunda preocupación” por la situación de Álvarez, bajo régimen de aislamiento, así como por la “severa condena que le fue impuesta sin juicio previo, incluyendo la pérdida de sus derechos de ciudadanía y nacionalidad”.

“Estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses”, señalaron.

Las expertas dijeron haber enviado una nota al gobierno para pedir la liberación del obispo y expresar su inquietud por las medidas de represión contra agrupaciones religiosas, como “detenciones arbitrarias”, “deportaciones forzosas, prohibiciones de entrada en el país”, “asedio policial de lugares de culto, confiscación de bienes y otros.