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Internacional
Fiscalía española activa a las policías locales contra el referéndum en Cataluña
13 de septiembre de 2017
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Una nueva instrucción del Fiscal General del Estado activa a las policías locales de todos los municipios de Cataluña contra la celebración del referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 1 de octubre por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros. El ministerio público ha dado orden a todos los jefes de las policías locales, desde la Guardia Urbana de Barcelona a los agentes del municipio más pequeño, de “tomar las medidas necesarias” para evitar la consulta “requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas” y cualquier elemento de “difusión, promoción o ejecución” del referéndum ilegal.
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La instrucción se remitirá a los cuerpos locales a través de los jefes de las unidades de Policía Judicial de los Mossos d’Esquadra de cada territorio. La policía autonómica se dirigirá a los jefes de policía municipal por escrito y pedirán acuse de recibo de la orden de la fiscalía. Esta decisión de la Fiscalía supone redoblar la presión sobre los alcaldes después de la orden de la fiscalía de este mismo miércoles por la que abre diligencias de investigación y citará a los regidores que han manifestado su voluntad de colaborar con la convocatoria del 1 de octubre con la advertencia de que serán detenidos en caso de no comparecer.
La acción del ministerio público afecta también a los alcaldes que se han mostrado reticentes o contrarios a ceder los espacios municipales para organizar la consulta. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha manifestado “dispuesta” a ceder locales municipales el 1 de octubre, aunque con una condición imposible de cumplir: ha solicitado a Puigdemont “garantías” de que la organización del referéndum no pondrá en peligro a los funcionarios municipales, señaló El País en su portal web.
La orden de la Fiscalía pone claramente a la Guardia Urbana, que depende de Colau, a evitar el referéndum: los agentes municipales –en Barcelona y en toda Cataluña- deberán elaborar “de forma urgente” un atestado o informe en cuanto tengan conocimiento de cualquier hecho tendente a promover, organizar o celebrar la consulta. Ese informe será remitido a los Mossos, quienes lo enviarán al fiscal jefe de la provincia donde ocurran los hechos.
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