La directora de la fundación Juntos Se Puede, Ana Karina García, ha radicado un derecho de petición dirigido al Canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, solicitando la modificación de las actuales restricciones laborales que afectan a los solicitantes de refugio en el país.

La petición se enmarca en la preocupante realidad que enfrenta Venezuela, donde se han registrado más de 1700 detenciones arbitrarias, incluyendo menores de edad, 40 desapariciones y 26 asesinatos, en medio “de una escalada en la violación de los derechos humanos”.

En su carta, García subraya cómo Colombia ha jugado un papel crucial como refugio para quienes huyen de la persecución política, el acoso a la prensa y la represión cívica en Venezuela. Sin embargo, la burocracia vigente en el sistema de protección colombiano impone graves limitaciones a los refugiados en situación de espera. Los solicitantes de refugio, mientras sus casos están en estudio, reciben un salvoconducto que les impide trabajar legalmente, privándolos de generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

La Fundación Juntos Se Puede, que durante el mes de agosto recibió más de 170 perseguidos políticos, pide al gobierno colombiano a permitir que estas personas puedan suscribir contratos laborales a término definido y de prestación de servicios con el salvoconducto, lo que les permitiría acceder a medios para asegurar su bienestar mientras se resuelve su situación migratoria.

“Hoy, tenemos 178 personas que están solicitando protección internacional, la condición de refugio y que no pueden trabajar (…) radicamos un derecho de petición para que se revise la solicitud y se permita trabajar con el salvoconducto de forma temporal”, afirmó la también defensora de DD.HH.

Con este llamado, la Fundación Juntos Se Puede espera que se logren cambios que mejoren la calidad de vida de los perseguidos venezolanos en Colombia, abogando por una política más inclusiva que permita a estas personas contribuir activamente a la sociedad colombiana mientras se garantiza el respeto a sus derechos fundamentales. Nota de prensa