Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, propone 13 medidas urgentes para paliar las “graves violaciones” cometidas por la revolución bolivariana. En el informe hecho público hoy, la ex presidenta chilena confirma la persecución contra los críticos, los presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y el desastre económico, social y sanitario, que amenaza con continuar “el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados que abandonan el país mientras el resto de ciudadanos sufrirán el empeoramiento de sus condiciones de vida”.

Entre las propuestas realizadas por la Alta Comisionada destacan la liberación de los presos políticos, la disolución de las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES), el cese de la persecución política, el restablecimiento de la independencia del sistema de justicia y de la imparcialidad de la Oficina del Fiscal General y del Defensor del Pueblo, el desarme de los paramilitares chavistas, el cese de la censura contra los medios, además de garantizar el acceso a Internet y las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias.

“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”, precisa Bachelet.

El informe de la ONU detalla las detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. La penúltima víctima de estas prácticas es el capitán naval Rafael Acosta, quien murió el sábado pasado tras las terribles torturas sufridas durante una semana de arresto ilegal en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El informe de Bachelet también recoge el derrumbe del sistema de salud de una forma muy dura, destacando que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 1.557 personas murieron por falta de suministros en los hospitales. La escasez de medicamentos en las principales ciudades es del 60% (de cada 10 medicinas que se buscan sólo se encuentran cuatro).

“Las violaciones del derecho a la salud se debieron a que el Gobierno no cumplió con sus obligaciones principales, que no pueden ser derogadas, incluso por razones económicas”, sentencia el informe. EM