Desde que WikiLeaks difundió en 2010 documentos confidenciales sobre las fuerzas armadas estadounidenses “hubo una campaña, implacable y sin contención, de intimidación contra Assange, no sólo en Estados Unidos sino también en el Reino Unido, en Suecia y, más recientemente, en Ecuador”, deploró.

Este relator de la ONU, que habla en su nombre, visitó el 9 de mayo al fundador australiano de WikiLeaks acompañado de dos expertos médicos especializados en el examen de las víctimas de tortura, alrededor de un mes después de su detención por la policía británica en la embajada de Ecuador.

Tras un “examen médico en profundidad” de los expertos médicos, Melzer consideró “evidente que la salud de Assange resultó gravemente afectada por el entorno hostil al que estuvo expuesto durante varios años”.

“Además de dolencias físicas, Assange presenta todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, una ansiedad crónica y traumas psicológicos intensos”, señaló Melzer, quien estimó que “las pruebas son contundentes y claras”.

“Assange fue expuesto de forma deliberada, durante varios años, a formas graves de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyos efectos acumulativos solo pueden describirse como tortura psicológica”, agregó.

A raíz de la demanda de extradición emitida por Estados Unidos, Assange fue detenido el 11 de abril en la embajada de Ecuador en Londres.

Llevaba desde 2012 refugiado en la legación, en parte para escapar a la justicia estadounidense tras la publicación de medio millón de documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán y de 250 cables del departamento de Estado.

A principios de mayo fue condenado a 50 semanas de prisión por un tribunal británico por violar los términos de su libertad condicional.

Y Suecia reactivó las denuncias en su contra por una presunta violación en 2010.

Por su parte, la justicia estadounidense anunció la semana pasada 17 cargos adicionales contra Assange relacionados con leyes antiespionaje.

Si fuera extraditado a Estados Unidos, “se expondría a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluidos su libertad de expresión y su derecho a un juicio justo”, estimó Melzer, quien dijo estar “particularmente alarmado” por los 17 nuevos cargos.

“Esto podría desembocar en una pena de cárcel, o incluso la pena de muerte si se añaden otras acusaciones en el futuro”, concluyó.