QUITO (AFP) – La justicia de Ecuador rechazó la apelación del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y ratificó este lunes la orden de prisión preventiva en su contra, por su presunta participación en el secuestro de un opositor en Colombia en 2012.

En la resolución, leída por el juez Marco Rodríguez, el tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) indica: “Por unanimidad declara improcedente el recurso de apelación interpuesto” por el exmandatario, “y confirma en todas sus partes el auto de prisión preventiva dictado en su contra”.

El documento agrega que el recurso de apelación presentado por la defensa de Correa “carece de sustento jurídico”.

El 3 de julio pasado, una jueza de la CNJ ordenó prisión preventiva y activó una circular roja de Interpol con fines de extradición contra Correa, quien se mudó a Bélgica con su familia tras finalizar su mandato en mayo de 2017.

La disposición, que tuvo lugar luego de que Correa incumpliera una medida cautelar que le obligaba a presentarse periódicamente en Quito, fue rechazada por la defensa del exmandatario que denunció una “persecución política”.

El abogado principal de Correa, Caupolicán Ochoa, escribió en su cuenta de Twitter: “No comprendemos la decisión de los jueces. No existen pruebas y las acusaciones son inconsistentes y contradictorias. Lo de hoy se suma a las que se han dictado en contra y que develan la persecución política de la que nuestro patrocinado esta siendo objeto”.

El expresidente está en la mira de la justicia por el presunto secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su fugaz secuestro en Bogotá en 2012.

En el hecho, cinco personas habían forzado a Balda a subir a un automóvil, pero la policía colombiana logró interceptar el vehículo y liberarlo.

Correa sostiene que se le ha vinculado al caso “sin tener ninguna prueba”, y considera que la orden de prisión es un “complot” del gobierno de su exaliado y sucesor Lenín Moreno, para sacarlo de la vida política.

Por el denominado “caso Balda” hay tres agentes de inteligencia y un excomandante de la policía detenidos, mientras que pesa una orden de prisión sobre un exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia que está en España.

 

La instrucción fiscal por el presunto secuestro de Balda concluyó el miércoles pasado, y las autoridades aún deben definir si llaman o no a juicio a Correa.

Para enfrentar un posible proceso judicial por secuestro -un delito castigado con al menos cinco años de cárcel en el país- Correa debe estar presente en Ecuador debido a que la legislación impide el proceso en ausencia por ese delito.

 

Compilación: María teresa Amaya/ Diario La Nación