Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú enviaron el 26 de septiembre una carta a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, pidiendo que investigue al gobierno venezolano. Francia y Costa Rica apoyaron públicamente esta iniciativa.

El pedido se basa en dos informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, uno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, explicó entonces el canciller chileno, Roberto Ampuero.

La nueva resolución de la Eurocámara sobre la situación en Venezuela llega un día después que el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, llamara a llevar a Maduro ante la justicia internacional, tras reunirse con el presidente colombiano, Iván Duque.

Los eurodiputados condenaron también la muerte del concejal opositor Fernando Albán, que según la oposición murió durante un interrogatorio, y pidieron una “investigación inmediata e independiente del gobierno, incluida una autopsia internacional”.

Sobre la eventual creación de un grupo de contacto para encontrar una solución a la crisis política venezolana, que la UE estudia, los eurodiputados piden que se contacte primero con la oposición “para verificar si existe una mayoría a favor de tal iniciativa”.

La Eurocámara, que cuenta con una mayoría de centro derecha, destacó el papel de los países vecinos de Venezuela como Colombia, Brasil y Perú en la acogida de los venezolanos que huyen del país y piden reforzar las sanciones contra Caracas si la situación de los derechos humanos empeora.

Cerca de 1,9 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, según la ONU. Unos 5.000 ciudadanos abandonan el país diariamente, en el mayor movimiento de población en la historia reciente de Latinoamérica. AFP