GINEBRA (AFP) – El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió este viernes a las autoridades de Nicaragua que les permitan acceder al país para investigar sobre las muertes y la violencia en las manifestaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Nos preocupa que la situación en Nicaragua continúa siendo volátil. Según información recibida de fuentes confiables, hasta la fecha al menos 47 personas – la mayoría de ellos estudiantes, dos agentes de policía y un periodista – han muerto en conexión con las protestas que comenzaron a mediados de abril”, declaró una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani.

El movimiento de protestas antigubernamentales comenzó el 18 de abril como manifestaciones estudiantiles contra una reforma a la seguridad social, pero la brutal represión y detención arbitraria de los participantes causó indignación popular y extendió la movilización a todo el país.

El reclamo general es que se implementen reformas democráticas del gobierno de Ortega, un exguerrillero de 72 años, que presidió Nicaragua entre 1979 y 1990, y luego volvió al poder en 2007 hasta ahora.

“El 7 de mayo solicitamos oficialmente a las autoridades nicaragüenses que nos otorguen acceso al país para que podamos, de acuerdo con el mandato de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, recopilar de primera mano información acerca de los incidentes suscitados a raíz de las manifestaciones”, agregó Shamdasani.

Los llamados al diálogo nacional de Daniel Ortega no han tenido efecto por ahora y la indignación popular no cesa.

La ONU hace referencia a la comisión de la verdad creada por la Asamblea Nacional de Nicaragua para investigar las muertes y las denuncias de tortura y desapariciones forzadas durante las protestas, pero señala que “para que sus investigaciones sean creíbles, la Comisión debe ser independiente y poder realizar su trabajo de manera transparente e imparcial”, sostuvo.

El martes, una coalición de estudiantes que han encabezado las protestas, calificó a la Comisión de “ilegítima” y exigió la formación de una entidad “pluralista, justa y confiable”.

La semana pasada, el gobierno de Ortega rechazó un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar el país y constatar en el terreno la situación.

 

Compendio: María Teresa Amaya/coordinadora de noticias internacionales/Diario La Nación