Internacional

Líder independentista catalana anuncia que no comparecerá ante justicia española

20 de febrero de 2018

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Una sexta dirigente secesionista catalana, Anna Gabriel, salió de España para evadir la justicia y se instaló en Suiza, desde donde denunció este martes falta de garantías de enfrentar un proceso justo.

«Como no tendría un juicio justo, busqué un país que pudiera proteger mis derechos», declaró al diario suizo Le Temps.

La dirigente del partido independentista catalán Candidatura de Unidad Popular (CUP) estaba convocada el miércoles por el Tribunal Supremo en Madrid, y corría el riesgo de ser puesta en prisión preventiva al igual que otros cuatro separatistas encarcelados desde hace más de tres meses.

Gabriel, profesora de Derecho nacida en 1975, es investigada desde finales de noviembre por aparecer señalada como integrante de un supuesto «Comité Estratégico», encargado de «idear y pergeñar el proceso» de secesión de Cataluña respecto a España.

En la entrevista, Gabriel consideró excesivas las investigaciones policiales y judiciales y las imputaciones contra un gran número de personas por su papel en el fallido intento de independencia del 27 de octubre en Cataluña.

«Es una persecución política (…) No es un tribunal imparcial», declaró a la cadena suiza RTS en otra entrevista la exportavoz del grupo parlamento de la CUP, formación de extrema izquierda separatista.

Comparó la situación en España a la creada por las purgas en Turquía y asegura que se está produciendo una «caza de brujas» contra los independentistas.

Gabriel precisó que en caso de que el Tribunal Supremo emita una orden de detención para pedir su envío a España, no descarta solicitar asilo político en Suiza.

Desafío independentista

En una primera reacción, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, calificó de «gravísima irresponsabilidad» la partida de Gabriel a Suiza.

Gabriel sigue así los pasos de otros cinco independentistas que lo hicieron a fines de octubre, el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y cuatro de sus exministros regionales, instalados en Bélgica.

Todos son investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, con penas que podrían llegar a los 30 años de cárcel.

Esta investigación recae sobre el núcleo duro del independentismo, una treintena de personas, de las cuales cuatro se encuentran en prisión preventiva, entre ellas el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

En el caso de dos de ellos, los dirigentes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, la organización Amnistía Internacional (AI) consideró los cargos que llevaron a su encarcelación «excesivos».

Los independentistas organizaron en Cataluña el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, que estuvo marcado por la violencia policial.

Afirmando que el ‘sí’ ganó con 90% de los votos con una participación del 43%, la mayoría independentista en el parlamento regional declaró el 27 de octubre una «República Catalana», que se quedó en nada.

Horas más tarde el gobierno central intervenía la autonomía de la región con 7,5 millones de habitantes.

El partido de Gabriel es la más pequeña de las tres formaciones independentistas, pero también la más beligerante, favorable a la desobediencia civil y a una ruptura unilateral.

Pero los llamados a la resistencia pasiva ya han sido definidos por el juez a cargo de la investigación como actos que pueden conllevar violencia. Por ello, Gabriel se exponía a ser enviada a prisión provisional.

Bloqueo político 

Mientras el proceso en la justicia sigue su curso, la situación política en Cataluña sigue bloqueada.

Pese a que las elecciones del 21 de diciembre las ganó el partido antinacionalista de centroderecha Ciudadanos, los independentistas volvieron a conseguir una mayoría en la cámara regional (70 de 135 escaños).

El único candidato a ser investido nuevamente presidente regional es Carles Puigdemont, líder de la lista secesionista más votada, Juntos Por Cataluña, quien busca ser elegido a distancia para evitar ser detenido si vuelve a España.

Pero el Tribunal Constitucional determinó que sólo puede ser investido si se entrega ante el juez del Tribunal Supremo y éste lo autoriza a asistir al parlamento para defender su candidatura.

El segundo grupo independentista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), insiste en la necesidad de dotar rápidamente a Cataluña de una «investidura efectiva».

Juntos Por Cataluña y ERC negocian desde hace semanas una salida al bloqueo. AFP

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