Esta pena, introducida en España en una reforma del código penal de 2015, supone un mínimo de 25 años de encarcelamiento. A partir de ese plazo, la pena puede suspenderse si el reo supera las revisiones de un tribunal que analiza su rehabilitación.

La sentencia del juicio celebrada entre el 9 y el 18 de septiembre considera probado que la acusada dio muerte al menor de manera “intencionada, súbita y repentina”, el 27 de febrero de 2018 en una finca en Rodalquilar, una pequeña población cercana a las paradisíacas playas del Cabo de Gata, en Almería.

Aprovechando su cercana relación con el padre de Gabriel, Quezada se llevó al pequeño a la finca y “consciente de su superioridad con respecto al niño por la diferencia de edad y complexión”, lo mató “por asfixia mecánica por sofocación”, señaló el tribunal en su comunicado.

La desaparición del pequeño conmovió el país, con los medios españoles siguiendo al detalle el amplio dispositivo de búsqueda desplegado hasta que hallaron su cadáver en el maletero del coche de la mujer dominicana.

El tribunal recoge que durante esa búsqueda, la acusada “simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño”.

Además, recuerda que Quezada colocó la camiseta del menor en una zona que ya había sido inspeccionada y desenterró su cadáver de donde lo había escondido en primer lugar para meterlo en su maletero, “con absoluto menosprecio hacia el menor”.

Por ello, la considera culpable de dos delitos de lesiones psíquicas y contra la integridad moral de los padres, que deberán ser indemnizados con 250.000 euros cada uno por daños morales.

También deberá pagar 200.203 euros al Estado por el coste del operativo de búsqueda, según el comunicado.

Ana Julia Quezada, que en el juicio defendió haber matado involuntariamente a Gabriel, dispone de diez días para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la región de Andalucía (sur). AFP