Una mujer lesionada al derrapar su moto en San Antonio
18 de abril de 2024
Decenas de miles de franceses salieron a las calles este sábado para protestar contra un proyecto de ley sobre seguridad, considerado como una mordaza por sus detractores, en un país sacudido por un nuevo caso de violencia policial que ha puesto al gobierno bajo presión.
Las manifestaciones contra este texto – que restringiría el derecho de filmar a la policía – tuvieron lugar en todo el país a pesar de las restricciones por la pandemia del coronavirus.
«Policía en todas partes, justicia en ninguna parte», «Estado policial» y «sonríe mientras te golpean» eran algunos de los lemas más coreados en la manifestación parisina, que congregó a miles de personas.
«Las libertades fundamentales y básicas de nuestra democracia están siendo atacadas: la libertad de expresión e información», estimó Sophie Misiraca, una abogada de 46 años, que salió a protestar.
Se registraron algunas tensiones durante la marcha en la capital. Manifestantes quemaron varios vehículos y prendieron fuego a barricadas, de las cuales se desprendían columnas de humo negro, según constataron periodistas de la AFP.
Varios miles de personas salieron a protestar también en ciudades como Marsella o Montpellier, ambas en el sureste, y Lille (norte).
En el centro de las protestas figuran tres artículos del proyecto de ley Seguridad global que recibió la luz verde de la Asamblea Nacional la semana pasada, y que enmarca la difusión de la imagen de la policía, el uso de drones así como imágenes de las fuerzas del orden tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles.
«Este proyecto de ley pretende restringir la libertad de prensa, la libertad de informar y de ser informado, la libertad de expresión, en fin, las libertades públicas fundamentales de nuestra República», consideran los coordinadores que convocaron las protestas.
El artículo 24 ha centrado la atención, pues castiga con un año de cárcel y hasta 45.000 euros (54.000 dólares) de multa la difusión «malintencionada» de imágenes de las fuerzas del orden.
El gobierno asegura que esta disposición pretende proteger a la policía de llamados al odio y a muerte en las redes sociales, con revelaciones de detalles sobre su vida privada.
Pero los detractores sostienen que muchos casos de violencia policial quedarían impunes si no hubieran sido grabados por las cámaras de periodistas o por los teléfonos de los ciudadanos.
También alegan que es una disposición inútil, ya que el arsenal jurídico actual es suficiente para reprimir estos delitos y que el derecho francés «sanciona los actos, no las intenciones».
Dos casos de violencia policial esta semana han atizado el debate, transformando una decisión política en auténtica crisis en el ejecutivo de Emmanuel Macron.
El lunes, durante una operación mediática de organizaciones promigrantes, la policía evacuó brutalmente a los que se habían instalado en una plaza del centro de París, y zarandearon a los periodistas bajo el foco de las cámaras y de los smartphones.
AFP
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