El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este domingo una nueva ley migratoria que busca regular el ingreso ilegal de extranjeros, principalmente venezolanos, y que facilita las expulsiones administrativas, una medida que preocupa a organizaciones que protegen los derechos de los migrantes.

La norma, promulgada tras ocho años de tramitación en el Congreso y que reemplaza a una ley que data de 1975, estipula que los extranjeros que quieran radicarse en el país deberán solicitar una visa para este fin en los consulados chilenos.

También crea el Servicio Nacional de Migraciones para estandarizar los procesos migratorios.

“El principal objetivo de esta nueva Ley de Migraciones es poner orden a través de una política ordenada, segura y regular” tras la gran ola migratoria que llegó a Chile a partir de 2014, principalmente compuesta de venezolanos, dijo Piñera tras promulgar el texto en Iquique, unos 2.000 km al norte de Santiago.

La nueva ley también facilitará las expulsiones administrativas de extranjeros que intenten ingresar “clandestinamente, sin cumplir nuestras leyes ni tampoco validar sus antecedentes penales”, explicó Piñera.

Esta medida “deja un espacio muy amplio de discrecionalidad y sin control de la autoridad policial que está en frontera”, dijo a la AFP, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

También “podría constituir una alteración de derechos de los migrantes, al no permitirles exponer las razones de porqué ingresaron por paso no habilitado, ni solicitar refugio”,

En enero, más de 3.800 venezolanos intentaron ingresar a pie desde Bolivia hacia Chile principalmente por el paso fronterizo de Colchane, a más de 3.500 metros de altitud, soportando el clima duro del altiplano y la hostilidad de los habitantes de la zona.

Cuatro migrantes murieron en su intento por llegar a Chile, otros 87 fueron expulsados y devueltos a su país mientras que el gobierno de Piñera aumentó el resguardo de la frontera con militares, lo que redujo la llegada de extranjeros.

“Las personas que provienen de Venezuela, que están viviendo una crisis humanitaria en su país, deben ser consideradas como sujeto de protección, más aún con las crisis sanitaria (por el covid-19) que mantiene cerradas las fronteras”, sostuvo Ureta.

Desde 2014, unos 500.000 venezolanos se han afincado en Chile escapando de la crisis política en su país y se han convertido en la colonia extranjera más numerosa.

En 2018, el gobierno de Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, pero sólo cerca de un 27% de las solicitudes fueron aprobadas.

AFP-