Este sábado 1 de julio entró en vigor la ley SB 1718 de inmigración, una dura reforma impulsada por el gobernador Ron DeSantis que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios, una norma agresiva y radical que ha sido muy criticada por las organizaciones de derechos civiles.

En concreto, la ley y obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.

Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de 1.000 dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos. Amenaza además con retirar de por vida las licencias de funcionamiento a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.

El texto también contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.

Se estipulan además cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10.000 dólares si es menor de edad.

“Florida es un lugar peligroso y hostil para los estadounidenses que cumplen la ley y para los inmigrantes”, ha denunciado Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que recomienda no viajar a Florida.

La norma prevé además un presupuesto de doce millones de dólares para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros lugares de Estados Unidos y exige a las fuerzas de seguridad la obtención de muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.

La ley prohíbe a las ciudades y condados del estado de Florida la emisión de identificaciones comunitarias y anula los carnés de conducir emitidos por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus legal.

Uno de los puntos que más temor ha causado entre los inmigrantes indocumentados es que la ley exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia pedir a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención de estos pacientes.

Igualmente, prohíbe a los ciudadanos chinos comprar terrenos en ninguna parte del estado porque DeSantis “no quiere” al Partido Comunista Chino (PCCh) en Florida. También prohíbe a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Rusia, Siria, Corea del Norte e Irán comprar tierras destinadas a la agricultura, así como aquellas que estén cerca de infraestructuras críticas, como aeropuertos, instalaciones militares y centrales eléctricas.

Redacción web con información de Semana