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24 de noviembre de 2024
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este lunes, 30 de septiembre, la disolución «constitucional» del Congreso peruano y llamó a un proceso electoral para elegir a un nuevo Parlamento con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo.
«He decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas. Esto es un acto constitucional», señaló Vizcarra en un mensaje televisado luego de que el Congreso decidiera votar por la elección del Tribunal Constitucional a pesar de un pedido en contra del Ejecutivo.
El mandatario enfatizó que el cierre del Parlamento que dispuso «está dentro de las facultades contenidas» en la Constitución y que «busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades».
Señaló que espera que «esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país».
Vizcarra se dirigió al pueblo peruano para decirle que en su país se «está haciendo historia y este momento lo recordarán las siguientes generaciones».
«Cuando lo hagan espero que recuerden la magnitud de esta lucha, que es contra uno de los males endémicos que tanto daño le ha hecho al Perú y que no le ha permitido crecer como se merece y como nos merecemos todos los peruanos», indicó en referencia a su política de lucha contra la corrupción.
El gobernante aseguró que los peruanos «seguirán encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la Constitución y dispuesto siempre a dar la lucha ante la corrupción«.
Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafiara y eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso.
La decisión del legislativo, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, se tomó en medio de una jornada caótica, que a primera hora incluyó la presentación del pedido de confianza por el primer ministro, Salvador del Solar, quien poco antes se encontró con las puertas del hemiciclo cerradas.
Vizcarra había adelantado este domingo que si el Congreso no procedía de inmediato con la cuestión de confianza solicitada, o continuaba previamente con el controvertido proceso de elección, el Gobierno actuaría «con la Constitución» y disolvería la cámara.
Sin embargo, a pesar de las protestas de los legisladores de izquierda y liberales, el presidente del Congreso, el empresario Pedro Olaechea, llevó a voto la candidatura para integrar el TC del jurista Gonzalo Ortíz de Zevallos, quien es su primo hermano.
Esta candidatura obtuvo el mínimo de 87 votos exigidos, aunque luego la legisladora izquierdista María Elena Foronda denunció que fue suplantada y su votación apareció como favorable, por lo que anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía.
Tras este proceso, Olaechea anunció que la votación para elegir a los otros magistrados del TC seguiría durante la tarde de este martes, y dedicaría la jornada vespertina de este lunes a discutir y votar la cuestión de confianza.
Los diputados se encontraban en pleno debate sobre este tema cuando se conoció la decisión del mandatario, lo que generó que la discusión culminara de forma abrupta.
Al poco, un grupo de diputados contrarios a Vizcarra lanzó un proyecto de destitución presidencial por «incapacidad moral permanente».
La disolución del Congreso por parte del presidente de Perú, Martín Vizcarra, sometió este lunes al país a una gran incertidumbre, con la oposición que ve un golpe de Estado y en donde el fujimorismo y sus aliados políticos prometen que intentarán destituir al mandatario.
Vizcarra optó por disolver el Parlamento en uso de un artículo de la Constitución que se lo permite si el Legislativo censura dos veces al Gobierno dentro del quinquenio para el que ha sido elegido.
El presidente entendió que esto ocurrió cuando el Congreso se negó a tramitar debidamente este lunes una cuestión de confianza que presentó para frenar la renovación exprés del Tribunal Constitucional impulsada por la oposición.
Pese a la advertencia y al hecho de que el Gobierno planteó esa medida como una política de Estado, en la práctica el Congreso desvirtuó ese proyecto, que estaba orientado para evitar que el fujimorismo y sus aliados pudieran copar el alto tribunal y echar al traste toda la política anticorrupción emprendida por el Ejecutivo.
Ante esta situación, el escenario político de Perú puede encaminarse hacia las siguientes situaciones:
1.- NUEVO GOBIERNO, NUEVAS ELECCIONES.
La “negación fáctica” de la cuestión de confianza implica la dimisión al completo del Consejo de Ministros liderado por el primer ministro, Salvador Del Solar, por lo que Vizcarra deberá nombrar uno nuevo este martes y convocar a nuevas elecciones legislativas para funcionar hasta el fin de la vigente legislatura en 2021.
Hasta que se realicen las nuevas elecciones en aproximadamente cuatro meses, el Ejecutivo mantiene sus facultades mientras que en el Congreso se queda la comisión permanente, formada por 26 legisladores y con competencias reducidas.
2.- DESTITUCIÓN DE VIZCARRA.
Tras conocer la disolución del Congreso, el fujimorismo, que controla el Parlamento con mayoría, inició un procedimiento para destituir a Vizcarra por “incapacidad moral”, decisión que aparentemente no tendría validez porque el pleno del ente legislativo ya está inhabilitado por el mismo mandatario.
En caso de escenificarse esa destitución, que necesita 87 votos de 130, la vicepresidenta Mercedes Aráoz podría declararse sucesora de Vizcarra, al igual que él hizo cuando dimitió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Recientemente, Aráoz se separó del grupo parlamentario oficialista por desavenencias con el presidente.
3.- DIMISIONES DE VIZCARRA Y ARÁOZ.
Desactivado el Congreso, que durante más de tres años asfixió a los distintos Gobiernos que se sucedieron en ese tiempo, otra posibilidad es que tanto Vizcarra como Aráoz dimitan como presidente y vicepresidenta, respectivamente, para dar inicio a una regeneración total de ambos poderes Ejecutivo y Legislativo.
Eso llevaría a que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, asumiese la jefatura del Estado y convocase nuevas elecciones, algo complicado que ocurra, pues Aráoz, que también es congresista, ya manifestó su oposición a dimitir de su cargo.
4.- LA JUSTICIA TIENE LA PALABRA.
Para ambas partes queda también la Justicia, que puede dirimir cuál de las dos ha actuado correctamente en esta crisis institucional, en la que Vizcarra tomó la irreversible decisión de disolver el Congreso al considerar que no se había dado prioridad a la cuestión de confianza sobre la elección del Tribunal Constitucional como les había pedido a los legisladores.
Aquí la clave será determinar si Vizcarra tuvo razón al interpretar como denegada la cuestión de confianza que presentó dada la política de hechos consumados que aplicó el Congreso, que efectivamente anuló el contenido de su propuesta, o si tuvo que haber esperado a que los diputados votaran abiertamente y expresamente en contra.
El hecho de que la oposición intentara cerrar las puertas del Congreso al primer ministro cuando acudió a presentar la cuestión de confianza, y que se produjera un presunto fraude en la votación del primero de los nueve candidatos a renovar el Constitucional, también le añade argumentos legales complejos para dilucidar este asunto.
5.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL AIRE.
Un posible litigio por la vía legal -que parece inevitable- tendrá en última instancia que ser resuelto en el Tribunal Constitucional, el órgano que ha sido detonante último de esta crisis.
En estos instantes, el TC cuenta con un nuevo miembro escogido este lunes durante una tormentosa sesión parlamentaria por el Congreso que puede cambiar a favor del fujimorismo el balance de fuerzas dentro de esta corte.
Pero precisamente falta por ver, también en los tribunales, si es válida la elección del nuevo miembro de este órgano, Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, después de que un juzgado aceptara a trámite, pero aún no resolviera, un recurso para anular la sesión que terminó con su elección
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