Rafael Correa aseguró que evalúa pedir asilo en Bélgica, donde reside desde junio de 2017, si en algún momento la Justicia ecuatoriana dicta prisión preventiva en su contra y lo obligan a regresar al país.

El expresidente de Ecuador fue vinculado al supuesto secuestro del exlegislador opositor Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en 2012. Y, en el marco de esa investigación, la jueza de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Daniella Camacho, resolvió que deberá presentarse cada quince días, a partir del 2 de julio, ante el tribunal ecuatoriano.

“Me pusieron una condición imposible de cumplir y usarán que incumplí la medida cautelar y entonces me pondrán la prisión preventiva”, denunció el máximo mandatario entre 2007 y 2017, en una conferencia brindada en una universidad de Madrid.

“Obviamente quieren que vaya allá para no dejarme salir. Me quieren preso o fuera del país, pero inmovilizado. Lo lograrán, de forma temporal, pero todo es cuestión de tiempo. Al final venceremos”, agregó Correa, que confió que la solicitud de asilo “es una de las alternativas” que estudia, “aunque todavía no es definitivo”.

Sobre la vinculación con el presunto secuestro, denunció una campaña en su contra, con el objetivo de “quebrarlo” social, económica y familiarmente: “Se me ha acusado de corrupción, de crimen organizado, de tráfico de influencias, de sobreendeudamiento, por cierto, delito que no existe en Ecuador. Les falló todo eso y ahora sacan un caso de secuestro”.

En otro tramo de la exposición, acusó a la Fiscalía de falsificar pruebas. “Están forjando pruebas para tratar de incriminarme porque no tenían absolutamente nada”, afirmó Correa, para quien el secuestro de Bala ya se juzgó en Colombia y por lo tanto “no se puede juzgar en dos sitios”.

El Clarín