Tras tiroteos, Trump condena el supremacismo blanco pero evita hablar de armas

En un mensaje televisado a la nación desde la Casa Blanca, Trump describió los tiroteos como un «crimen contra toda la humanidad», y ofreció sus condolencias a México por los fallecidos en El Paso.

«Nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. (…) El odio no tiene lugar en Estados Unidos», dijo.

No aludió empero a las críticas de sus adversarios, que lo acusan de alimentar las tensiones del país con su permanente discurso tildado de racista.

Las masacres del sábado en una tienda Walmart en El Paso, que dejó 22 muertos, y del domingo en un bar en Dayton, que se cobró nueve vidas, se convirtieron en los tiroteos masivos número 250 y 251 de 2019 en el país, según la ONG Gun Violence Archive, que los cataloga así cuando hay al menos cuatro víctimas, ya sean heridos o muertos.

Trump había tuiteado más temprano que debería considerarse una mayor verificación de antecedentes en el momento de la compra de armas y sugirió que cualquier reforma de la ley de armas debería estar vinculada a cambios en las leyes de inmigración.

Pero en su discurso prefirió denunciar «la glorificación de la violencia», en particular el papel de internet y de los «horripilantes y espeluznantes videojuegos» para radicalizar a «mentes perturbadas», y llamó a reformar las leyes de salud mental «para identificar mejor a las personas con trastornos».

«La enfermedad mental y el odio aprietan el gatillo, no las armas», afirmó.

Trump dijo además que los culpables de matanzas deberían enfrentar la pena de muerte, que está prohibida en casi la mitad del país, y pidió leyes para que «esta pena capital se aplique de forma rápida, decisiva y sin años de retraso innecesario».

Una legislación que exige una verificación más estricta de los antecedentes de los posibles compradores de armas fue aprobada en febrero en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, pero no ha sido sometida a votación en el Senado liderado por los republicanos.

Ocho mexicanos

Mientras la bandera estadounidense ondeaba a media asta en todo el país, en las afueras del hipermercado Walmart en Texas y del bar en Dayton muchos se acercaban a dejar velas, flores y mensajes de compasión y aliento en memoriales improvisados.

En el sitio de la masacre en El Paso, globos con formas de corazón y de la estrella que identifica a Texas se movían con la brisa matutina entre mensajes de condolencias y muestras de apoyo. «Nunca olvidaremos», se leía en varios carteles.

Sara Esther Regalado y su esposo Adolfo Cerros, residentes de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, estaban haciendo compras en el Walmart cuando los mataron, al igual que la maestra Elsa Mendoza Márquez, informaron medios mexicanos. Los tres fueron incluidos en la lista de víctimas de México publicada por el canciller Marcelo Ebrard.

Las autoridades sospechan que el atacante de El Paso, de 21 años e identificado por medios locales como Patrick Crusius, actuó por motivaciones racistas. Según reportes de prensa, el joven publicó en internet un manifiesto denunciando una «invasión hispana» en Texas.

Pero en Dayton, «por el momento, nada indica un móvil racista», aseguró este lunes el jefe de la policía de esta ciudad, Richard Biehl, quien dijo que aún es pronto para descartarlo.

Seis de los nueve asesinados por Connor Betts, un pistolero blanco de 24 años, eran negros. En el ataque, que tuvo lugar apenas 13 horas después del de El Paso, Betts mató incluso a su propia hermana.

En sus tuits, Trump lanzó también una acusación velada a los medios de comunicación. «¡Las coberturas de noticias tienen que empezar a ser más justas, equilibradas e imparciales, o estos problemas terribles solo empeorarán!», dijo.

Pero sus opositores insisten en que el discurso de Trump tiene directa repercusión en estos actos de violencia.

«Pretender que su gobierno y la retórica de odio que difunde no juegan un papel en el tipo de violencia (…) es ser ignorante en el mejor de los casos e irresponsable en el peor», dijo el Southern Poverty Law Center, un grupo de defensa de los derechos civiles. AFP