(EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, intensificó este lunes su pulso con la Justicia al defender su orden para expulsar a más de 250 migrantes a El Salvador, amparándose en una ley utilizada únicamente en tiempos de guerra y pese a que un juez había ordenado al Gobierno frenar de inmediato los vuelos de deportación.

Se trata del último intento de la Administración Trump por ampliar los poderes del Ejecutivo, desafiando la separación de poderes en EE.UU. y enfrentándose abiertamente a la Justicia, que hasta ahora ha sido su principal obstáculo.

En una audiencia en la corte federal del Distrito de Columbia, abogados del Gobierno insistieron en que la Administración actuó conforme a las leyes de EE.UU., pese a que los aviones con los migrantes aterrizaron en El Salvador el sábado, después de que el juez federal James Boasberg les ordenara no hacerlo.

Los abogados se escudaron en razones de seguridad nacional para no proporcionar al magistrado datos sobre cuántos migrantes iban a bordo de los aviones, enviados a El Salvador en virtud la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia: durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.

Ante la falta de información, el juez Boasberg ordenó al Gobierno que este martes le entregue datos completos, incluido el número exacto de deportados, que se cifra en 261.