El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el año pasado que sus principales asesores firmaran acuerdos en los que se comprometían a no divulgar información confidencial de la Casa Blanca incluso después de que el mandatario abandone el poder, informó hoy el diario The Washington Post.

Poco después de asumir el poder a comienzos de 2017, y con el objetivo de frenar las frecuentes filtraciones a la prensa de detalles sobre su Gobierno, Trump instruyó a los altos funcionarios de la Casa Blanca a firmar acuerdos de confidencialidad.

El Post accedió hoy a un borrador de esos acuerdos, que afirma que los violadores deberán pagar 10 millones de dólares al Gobierno federal si rompen el trato, aunque es probable que la multa descendiera en el contrato final porque algunos de quienes lo firmaron no recuerdan una cifra tan alta, según el diario.

El compromiso de confidencialidad no caducaría cuando el funcionario abandonara la Casa Blanca, sino que seguiría activo cuando termine el mandato de Trump.

“No está limitado a los cuatro u ocho años que él sea presidente, o los cuatro u ocho meses que alguien trabaje allí. Está hecho para sobrevivir a todo eso”, dijo al diario una persona que firmó el acuerdo, y que pidió el anonimato.

Los miembros más destacados de la campaña de Trump firmaron acuerdos similares, pero no está claro que ese tipo de contrato pueda ser legal en el caso de altos funcionarios del Gobierno, dada la protección a la libertad de expresión que impone la Constitución estadounidense.

“Los empleados públicos no pueden ser amordazados por acuerdos privados. Estos supuestos acuerdos son inconstitucionales e imposibles de implementar”, dijo en un tuit la organización independiente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Según el Post, muchos funcionarios de la Casa Blanca accedieron a firmar los acuerdos precisamente por considerar que sería imposible implementarlos, especialmente una vez que Trump abandonara el poder.

El contrato define como “confidencial” cualquier “información no pública” a la que los funcionarios puedan “tener acceso durante sus tareas oficiales” en la Casa Blanca, y prohíbe su comunicación a “miembros de la prensa” y “empleados de los Gobiernos federal, estatales y locales”. EFE