Según las autoridades, al menos 30 presos han muerto debido a la COVID-19 y más de 645 se han contagiado en las hacinadas cárceles peruanas.

La epidemia también afectó a 224 guardias penitenciarios, de los cuales siete murieron.

El motín en el penal de Camaná se inició con la retención de cinco miembros de seguridad y con la quema de colchones y destrucción de objetos en los pabellones.

Los presos demandaban la presencia del defensor del Pueblo. Ellos pedían la asistencia de médicos dentro del establecimiento para que puedan hacerles las pruebas de descarte del coronavirus.

El INPE dijo que los reclusos “se amotinaron para ser considerados entre la población beneficiaria de la normas para el deshacinamiento de los penales” por la propagación de coronavirus en la cárceles.

El gobierno anunció el 23 de abril que iba a indultar en total a unos 3.000 presos que se encontraban en situación vulnerable ante el coronavirus en algunos de los 68 centros penitenciarios del país.

Tras controlar la situación la policía y miembros del INPE realizaron una requisa identificando a 9 presos que organizaron el motín.

El penal de Camaná de la región Arequipa alberga a 450 personas, cuando solo tiene capacidad para 78 personas, según la Defensoría del Pueblo.

Según, el INPE en el penal de Camaná no se ha registrado casos de coronavirus.

El temor al virus generó motines y una severa crisis por la falta de suministros sanitarios en las prisiones.

El motín más grave ocurrió a fines de abril en el penal Miguel Castro Castro, al este de Lima, donde murieron nueve internos y hubo 67 heridos entre presos, guardias penitenciarios y policías.

Según el Ministerio de Justicia, hay 97.000 presos en las 68 cárceles del país, lo que representa una sobrepoblación de 50.000 reos. AFP