La Justicia argentina decidió hoy unificar dos causas por corrupción, una por lavado de dinero y otra por el direccionamiento de obra pública, en las que está siendo investigada la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

Fuentes judiciales informaron de que el tribunal federal que instruía la causa de supuesto fraude en los fondos públicos la consideró “conexa” con la instrucción por blanqueo, por lo que el juez responsable de esta última se encargará de ambas en un mismo juicio oral.

En las dos causas se encuentra implicado el empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo y actualmente en la cárcel, en calidad de procesado, mientras que la exmandataria solo se encuentra procesada en el proceso por la obra pública, e imputada en el otro.

La corte que hasta ahora investigaba la causa por el direccionamiento de los fondos públicos alegó al enviarla al tribunal al cargo del supuesto lavado de dinero que estos hechos son “más graves”.

Este último juzgado aseguró en sus resoluciones judiciales que Báez y su entorno montaron una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos 60 millones de dólares, y que lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de 2.734 millones de pesos, equivalentes a unos 186 millones de dólares.

En esta causa se investigan supuestas maniobras a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas mediante el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado.

En la otra causa que afecta a la expresidenta y el empresario, junto al exministro del área de obras públicas Julio De Vido, también en prisión, están siendo enjuiciados los contratos de obras públicas, según el juez “direccionados” a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa. EFE