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Computan 134 ataques a defensores de derechos humanos en agosto
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En el país se registraron 134 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en el mes de agosto, 78 casos más que en julio, cuando se documentaron 56, de acuerdo a un informe difundido este 25 de septiembre por la oenegé Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“En el contexto postelectoral se profundó la política de criminalización, represión y control social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan”, indicó la organización en su más reciente boletín.
Del total de casos, 56 fueron de intimidación y hostigamiento, 47 de estigmatización, 19 amenazas, 5 detenciones arbitrarias, 4 de judicialización y 3 en la categoría de “otros”, que no fueron precisados.
Detalló que el 72% de los casos registrados fueron ejecutados contra organizaciones no gubernamentales, mientras el restante 28% estuvo dirigido a personas.
Los principales responsables, prosiguió el CDJ, fueron medios de comunicación “gubernamentales” (36%), seguido de funcionarios públicos (30%), instituciones públicas (21%), actores afines al Gobierno (7%) y organismos de seguridad (6%).
Indicó que estos hechos van acompañados de campañas sistemáticas de estigmatización, en las que “personas y organizaciones son descalificadas y señaladas de enemigas, terroristas, desestabilizadoras, entre otros”.
“Asimismo preocupa la descalificación, amenazas e intimidación generalizada en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país, enmarcadas en la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines”, añadió.
El mes pasado, la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 aprobó dicha ley que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Las oenegés, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportaciones económicas destinados a organizaciones políticas o realizarlas a dichas formaciones, así como promover “el fascismo, la intolerancia o el odio”.
Establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”.
También indica que las organizaciones deberán notificar “el financiamiento o donaciones” que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, además de declarar las “donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”.
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