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Activista Martha Grajales acusada de «incitación al odio»

La Fiscalía General de Venezuela confirmó este lunes la detención de la activista de derechos humanos Martha Grajales e indicó que será acusada de los delitos de «incitación al odio», «conspiración con Gobierno extranjero» y «asociación».

«Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república», señaló la institución en Instagram.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que a Grajales se le dictó una medida de privativa de libertad «por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación», sin ofrecer mayores detalles de los supuestos hechos que habría cometido la activista.

Este lunes, comités de derechos humanos identificados con el chavismo exigieron la libertad de Grajales, detenida el viernes luego de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos agredidos el martes cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Organizaciones piden la liberación de Martha Grajales

Georgina Castillo, miembro del Comité de Derechos Humanos de la barriada de La Vega, en Caracas, pidió a las autoridades estudiar «bien» el caso de su «hermana» Grajales.

La activista Martha Grajales (2d) habla en una manifestación, el 8 de agosto de 2025, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Más de 800 personas firmaron un documento para exigir la liberación de Grajales, según informó el domingo la ONG SurGentes, que asegura desconocer el paradero de su cofundadora desde su detención el pasado viernes.

Entre los firmantes, subrayó SurGentes, están organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Ecuador).

Entretanto, el esposo de Grajales, Antonio González, informó que, junto al abogado Marino Alvarado, de la ONG venezolana Provea, visitó este domingo cinco centros policiales de reclusión en Caracas y en todos, aseguró, «han negado» la presencia de la activista. (EFE)