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Alianza Regional exige libertad para los periodistas presos

Durante el último periodo, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información observó y documentó con preocupación las políticas de criminalización sostenidas por el Estado de Venezuela hacia quienes ejercieron sus derechos civiles y políticos. Estas prácticas se manifestaron principalmente en la detención y judicialización de periodistas y comunicadores sociales.

Según los datos recopilados por organizaciones locales hasta diciembre de 2025, un total de 22 periodistas y comunicadores fueron objeto de detenciones arbitrarias. Estas medidas se aplicaron como respuesta al ejercicio de libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión, de prensa y de asociación.

Los procesos penales de ese periodo estuvieron marcados por serias debilidades en el debido proceso, entre las que destacaron:

• Incomunicación y falta de información: Se registraron periodos donde se desconoció el paradero de los detenidos o se omitió información oficial sobre sus traslados.
• Restricciones a la defensa: En diversos casos se impidió el acceso a abogados de confianza y se limitaron las visitas familiares.
• Afectaciones a la integridad: Se documentó la falta de asistencia médica oportuna para personas con enfermedades crónicas y el uso de aislamientos prolongados.

El rol de las instituciones

El sistema institucional venezolano mostró una preocupante falta de independencia. El sistema judicial y la Fiscalía actuaron de forma coordinada en la ejecución de estas políticas, mientras que la Defensoría del Pueblo mantuvo una postura de silencio ante las denuncias de las víctimas, lo que derivó en la pérdida de su acreditación internacional. En la práctica, el Estado operó mediante una combinación de acciones directas y omisiones que favorecieron la impunidad.

A pesar de las narrativas oficiales que apelaban al diálogo, el comportamiento de las autoridades resultó incompatible con el respeto a los derechos fundamentales. La Alianza reportó cómo estas dinámicas, iniciadas con la estigmatización del discurso crítico, evolucionaron hasta convertir la privación de libertad en un mecanismo frecuente de sanción. (El Impulso)