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Amnistía Internacional alerta sobre aumento de prácticas autoritarias en la región

Amnistía Internacional resaltó que en Venezuela la «práctica estatal» de persecución y represión contra la sociedad civil «sigue vigente». La organización hizo un llamado a la investigación sobre el ataque contra el defensor Yendri Velásquez en Colombia y los mecanismos de protección en favor de defensores de derechos humanos venezolanos radicados en ese país

Amnistía Internacional alertó este martes 21 de abril, durante la presentación de su informe anual 2026, sobre el aumento de las «prácticas autoritarias» en la región, que han «consolidado el cierre del espacio cívico», especialmente en países como Nicaragua, Venezuela o El Salvador.

Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que la organización ha identificado un aumento en toda la región del ataque a defensores de derechos humanos, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, la represión contra manifestantes, al igual que la creación o modificación de leyes que afectan a oenegés y la sociedad civil en su conjunto.

«Al atacar esas formas de las comunidades de unirse y crear tejido social, se consolida el cierre del espacio cívico y configura un nuevo orden mundial y regional», dijo Ballesta, donde los principales afectados son los ciudadanos y sus derechos.

Asimismo, destacó que existe una «institucionalización del cierre del espacio cívico». En los últimos dos años, Amnistía Internacional registró seis países (Perú, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Paraguay y Guatemala) que aprobaron o modificaron leyes para «tener un escrutinio exacerbado» o «una asfixia» sobre el tejido social.

«Nuestro llamado desde Amnistía es por la gente, por reconstruir ese tejido social que está bajo ataque, precisamente porque allí que es donde nace la esperanza de que los derechos humanos sean protegidos», sentenció.

El «aumento de prácticas autoritarias», destacó Ballesta, no solo es propio de regímenes donde el poder está ejercido por una tendencia política particular. Puso como ejemplo a Argentina, donde ha aumentado la represión en contra de manifestantes por temas económicos y sociales.

En ese mismo país, al igual que en Guatemala, según el informe anual de Amnistía, dentro del cierre del espacio cívico se «consolidan» los ataques a medios de comunicación y el «exacerbado uso del poder judicial para silenciar a periodistas y medios».

Planteó en particular el caso del periodista José Rubén Zamora, quien fue detenido en 2022 y sometido a arresto domiciliario –junto a otras medidas cautelares– el pasado 13 de febrero, en un proceso que sus abogados y familiares han denunciado como «plagado de irregularidades». El director de El Periódico fue procesado judicialmente tras hacer diversas denuncias de corrupción.

La directora de investigación de Amnistía Internacional también resaltó la «desprotección» de las personas defensoras de derechos humanos, y resaltó la situación del activista Lgbti venezolano Yendri Velásquez, quien sufrió un ataque en la ciudad de Bogotá el año pasado y por el que aún no hay personas detenidas.

Ballesta hizo un llamado a la Fiscalía General de Colombia a que se investiguen «todas las responsabilidades» del ataque que, dijo, da cuenta «de la desprotección en que están todas las personas defensoras de derechos humanos».

Amnistía Internacional sobre Venezuela

Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Venezuela, resaltó durante una rueda de prensa que en el país las graves violaciones de derechos humanos «no son hechos aislados, es una práctica estatal que sigue vigente».

El patrón identificado en Venezuela, enumeró Rojas, incluye las detenciones arbitrarias. Indicó que esta práctica «no se da de manera aislada, sino que se comporta como uno de los puntos de entrada para la comisión de otras graves violaciones de derechos humanos: las desapariciones forzadas y el uso del Poder Judicial como parte del aparato represor».

El proceso judicial, señaló, «deja de ser un mecanismo de protección, como se supone y en el derecho está concebido, y pasa a ser un mecanismo de vulneración».

Amnistía Internacional identificó que más de 400 personas siguen detenidas por motivos políticos hasta la fecha, mientras que 63 personas estaban desaparecidas forzosamente a finales de 2025. También documentaron una «persistencia de reclamos» sobre condiciones de vida, especialmente de protestas sobre temas salariales y de vivienda.

Rojas aseveró que «mientras estas prácticas persistan, el patrón de violaciones de derechos humanos seguirá vigente» bajo una «ausencia absoluta de sistemas de monitoreo», debido a la propia acción del Estado y el debilitamiento continuado del espacio cívico.

Tal Cual