Nacional
Aprobados seis artículos de la Ley de Amnistía
sábado 14 febrero, 2026
El texto ya ratificado establece que la amnistía general cubrirá los hechos calificados como delitos políticos y conexos ocurridos en un extenso periodo que abarca desde enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026
En una sesión decisiva para el futuro político del país, la Asamblea Nacional marcó un avance significativo al aprobar de forma unánime los primeros seis artículos del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Este primer bloque normativo no solo establece la hoja de ruta para la reconciliación nacional, sino que define el marco legal para abordar la situación de cientos de presos políticos. Bajo la conducción de Jorge Rodríguez, el debate inicial fluyó con rapidez, logrando un consenso inédito sobre los principios de libertad, justicia y pluralismo que deben regir este proceso.
El texto ya ratificado establece que la amnistía general cubrirá los hechos calificados como delitos políticos y conexos ocurridos en un extenso periodo que abarca desde enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026.
La ley estipula que su fin último es garantizar la paz social y el retorno a mecanismos democráticos de resolución de conflictos. Un punto crucial de estos artículos es la cláusula de protección de derechos humanos, la cual obliga a los jueces a aplicar siempre la interpretación más favorable para el procesado en caso de dudas legales.
La normativa detalla cronológicamente los episodios de conflictividad civil que se verán beneficiados, mencionando específicamente las crisis de 2002, 2004, 2007, y los ciclos de protestas de 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024. Este reconocimiento busca desactivar la judicialización de la política, declarando que estas medidas son de estricto orden público e interés general para la nación.
El freno en el artículo 7
Pese al terreno ganado, la discusión se detuvo abruptamente al llegar al séptimo apartado, que define las exclusiones del beneficio.
Este artículo deja fuera delitos de extrema gravedad como el narcotráfico, el homicidio intencional, la corrupción y las violaciones graves a los derechos humanos. Ante la complejidad técnica de esta lista, la diputada opositora Nora Bracho solicitó formalmente el diferimiento del debate, una propuesta que fue respaldada por el parlamentario oficialista Jorge Arreaza.
Esta pausa estratégica busca procesar los más de 2.700 aportes recibidos durante las consultas en los 23 estados del país, asegurando que el texto final mantenga el clima de consenso necesario para su implementación definitiva. (El Impulso)
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