Bachelet denuncia más de 2 mil asesinatos en operativos de las FAES en barrios de Venezuela

Durante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el asesinato de más de 2 mil personas a manos de fuerzas de seguridad del Estado venezolano, desde enero de 2020.

“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2 mil muertes desde enero de 2020”, expuso Bachelet.

A su vez, consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia, el 21 de agosto.

“Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”, señaló la Alta Comisionada en su presentación oral este viernes.

Según información del Ministerio Público, hay por lo menos 70 funcionarios de las FAES imputados en distintos estados del país.

La presentación oral de su informe, comprende el período entre el 2 de julio y el 25 de septiembre. Bachelet señaló que aun cuando reconoció “la adopción reciente de medidas positivas por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con mi Oficina”, su oficina continuó documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto de estado de alarma por la pandemia, vigente desde marzo, así como las manifestaciones en rechazo a bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.

El informe incluye el registro de dos manifestantes asesinados en Anzoátegui y Zulia, presuntamente por fuerzas de seguridad. Asimismo, mencionó las restricciones a la libertad de expresión, incluyendo la aplicación de la Ley de Odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.

“Reconozco los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela a los que retornan por cruces irregulares”, manifestó Bachelet.

Aunque reconoció la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención, reiteró su llamado a “mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad”.

La Alta Comisionada destacó la información de asociaciones de profesionales que reportan que 33% de las muertes por COVID-19 son del personal de salud, por la carencia de equipos de bioseguridad y agua en los hospitales.

Pide levantar sanciones económicas 

“La pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria. Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó 15% en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo”, destacó.

En relación al suministro de combustible en Venezuela y las sanciones internacionales, sostuvo que “la imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia”.

También manifestó su preocupación por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en contra de siete partidos políticos, y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), “así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.

Exhortó a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos.

Correo del Caroní