La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela, Gloria De Mees, denunció este viernes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) las “violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela en el contexto electoral”.

De Mees compareció ante la organización para presentar el informe ‘Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos en relación con las elecciones’.

El extenso documento, que se publicó tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para su tercer mandato, el pasado 10 de enero, recoge, según dice, evidencias de que el Gobierno de Venezuela llevó a cabo una estrategia represiva en el contexto electoral.

Este informe no fue elaborado tras una visita de la CIDH al país caribeño, sino a través de fuentes primarias y secundarias de información.

De Mees compareció por videoconferencia en la OEA para explicar el análisis a los países reunidos, que ya habían recibido una copia previamente.

 “El control de las instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y la democracia, unido a la corrupción a gran escala para el cobro de rentas legales e ilegales, ha garantizado la impunidad de las fuerzas de seguridad. Estas acciones han comprometido la gobernanza y han afectado significativamente al disfrute de los derechos humanos”, aseguró la relatora durante su exposición.

 El informe acusa a Maduro, investido para un tercer sexenio pese a las denuncias de fraude, de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

 Además, asegura que Maduro no solo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro el pasado julio, quien tomó posesión el 10 de enero como mandatario para un nuevo sexenio en el poder.

 Esta sesión debía haberse celebrado el pasado 15 de enero, pero un error procesal en la entrega de los documentos a las delegaciones obligó a trasladar el asunto a la sesión de este viernes.

 En su lugar, catorce delegaciones en la OEA firmaron una declaración conjunta para rechazar el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro, por “carecer de legitimidad democrática” y aludieron la falta de “pruebas verificables de integridad electoral”. (EFE)