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Nacional
CNP Caracas: 11 periodistas fueron detenidos y obligados a borrar material grabado
6 de agosto de 2018
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Edgar Cárdenas, Secretario de Organización del Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital, dijo que el ente gremial ha insistido en denunciar que el gobierno venezolano adoptó como política de Estado la agresión, el hostigamiento y persecución a los periodistas y a la prensa libre; tratando de evitar que la ciudadanía reciba la información necesaria para poder formarse un criterio sobre la realidad y distinguir la verdad de la mentira.
Para el dirigente gremial es grave la actuación desmedida de los cuerpos militares y policiales, quienes permanentemente arremeten contra los periodistas y demás trabajadores de la prensa que solo “cumplimos con el sagrado deber de informar”.
Cárdenas informó que el día de ayer 4 de agosto, durante los sucesos ocurridos en la Avenida Bolívar de Caracas, fueron detenidos arbitrariamente 11 periodistas y trabajadores de los medios sin razón alguna; siendo además amenazados y obligándoles a borrar el material grabado durante la cobertura de los hechos; lo que demuestra que estamos en presencia de un gobierno que no cree en la libertad de prensa, lo que se traduce en un grave atentado contra las libertades de expresión, prensa e información.
Los periodistas somos responsables de buscar la información, por lo que no puede existir ningún tipo de limitación en el desempeño de nuestro ejercicio profesional.
La Ley del Ejercicio del Periodismo en su artículo 3 señala que “Son funciones propias del periodista en el ejercicio de su profesión, la búsqueda, la preparación y la redacción de noticias”, asimismo el artículo 5 reza “el Colegio Nacional de Periodistas… es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar informado veraz e íntegramente y, al mismo tiempo, del derecho del periodista al libre acceso a las fuentes informativas”.
Para el directivo del CNP, el Gobierno Nacional debe garantizar el libre ejercicio del periodismo; asimismo es obligación de la Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo, iniciar una investigación inmediata que pueda determinar responsabilidades ante estos hechos, logrando sanciones para los responsables de los mismos.
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