Nacional

Comenzó este miércoles el depósito del bono Guerra Económica a pensionados

11 de febrero de 2021

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Entre este miércoles 10 y hasta el sábado 13 de febrero se depositará a los jubilados y pensionados el bono «Contra la Guerra Económica», que es una de las asignaciones regulares que realiza el gobierno de Nicolás maduro, a través del Sistema Patria.

Como es habitual, la publicación en Twitter no informa sobre el monto del bono.

– Ingreso mínimo social –

El gobierno también dejó atrás el salario como unidad básica de remuneración y ahora habla de un «ingreso mínimo social», que se estructura de la siguientes manera: «55% del ingreso mínimo social está representado por el CLAP y Carnet de la Patria, y el 45% asociado al ingreso y cesta ticket«, según un balance del Ministerio de Planificación publicado por la agencia gubernamental AVN.

Si se asumen estas cuentas, el monto mensual promedio de este ingreso (CLAP y carnet de la patria más salario mínimo y cestaticket) equivale a Bs.5.333.333,3, que a la tasa oficial sería de 2,96 dólares mensuales, cuando la canasta alimentaria básica, medida por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), costó en enero 251 dólares estadounidenses.

Este ingreso mínimo social es percibido básicamente por los pensionados y jubilados, que ganan salario mínimo. Los empleados públicos están sujetos a una escala de remuneraciones que, efectivamente, se basa en el salario mínimo.

El reporte Venezuela en Cifras indica que al ingreso mínimo social se suman otros subsidios, suministrados por el estado a través de transferencias directas, que se ponderan así: 22 % electricidad, 21 % educación, 16 % CLAP, 15 % agua, 12 % bonos de la patria, 11% PAE. Los servicios totalizan cerca de 40% del total del ingreso.

Según la data oficial, las transferencias directas tienen un peso superior al 80% del ingreso social de la familia.

Básicamente, lo que hace el gobierno es incorporar los bonos suministrados, a través del sistema del carnet de la patria y las cajas o bolsas CLAP al salario mínimo y, por otra parte, asume que el consumo de servicios o el acceso al sistema educativo no representan gastos relevantes para la población, por lo que se consideran como transferencias directas.

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