El sábado 6 de noviembre, se celebró la reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se aprobaron cinco puntos sobre el caso Venezuela. Jorge Roig, miembro del consejo por parte de los empleadores, señaló que el documento se aprobó por consenso de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos.

El primer punto de ellos fue “deplorar que el Gobierno (de Nicolás Maduro) no cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, máximo organismo de control de la OIT”.

En segundo lugar, aprobó “reconocer el esfuerzo del Gobierno por instrumentar un diálogo social”. La tercera decisión fue “instalar un foro de diálogo social con asistencia y acompañamiento OIT”, seguido “solicitar al director general de la OIT que se colabore con el Gobierno de Venezuela, para el cumplimiento de todas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, incluida la opción de tener un representante de la OIT permanente en el país”.

Por último, acordaron “incluir el seguimiento de esta decisión para ser discutida en marzo del 2022, en las sesiones de ‘Evaluación de los progresos realizados por el Gobierno para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta’ y, a la luz de ello, considerar todas las posibles medidas, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, a tal efecto aclarando que la única medida que está en la normativa es la aplicación al artículo 33”.

El punto número dos es el que mayor polémica trajo entre los trabajadores y parte de la dirigencia, quienes aspiraban una acción más contundente por parte de la OIT.

“Aquí se designó una Comisión de Encuesta en 2018 que recoge todas las violaciones que hay en Venezuela. Entre ellas: que botan a los dirigentes sindicales, montan sindicatos paralelos, sacan a dirigentes de las empresas, meten presos a trabajadores. Ese informe tenía que cumplirse, pero (Eduardo) Piñate (ministro para el Trabajo) dijo que no iba a cumplirlas”, recordó el dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González.

“En esa reunión se presentó José Ramón Rivero y ratificó la decisión de no acatar la Comisión de Encuesta. Si no han cumplido, lo que tiene que hacer la OIT es aplicar el artículo 33 al régimen. Lamentablemente no lo hicieron y corren la arruga hasta marzo”, cuestionó González.

Lamentó también que no se discutiera el caso de presos políticos, como Rodney Álvarez, extrabajador de Ferrominera a quien condenaron a 15 años de prisión por un homicidio en el portón de la empresa, y cuyas pruebas y acusaciones de testigos apuntan la culpabilidad a otro empleado miembro de la corriente sindical oficialista.

Ante el desagrado que generó el resultado de la reunión de la OIT, Jorge Roig, miembro del Consejo de Administración, aclaró que se trató de un texto impulsado por los trabajadores de Ginebra y no por los empleadores, que es la parte que representa.

“Reconocer los avances del diálogo fue una obligación de los trabajadores de Ginebra para que pusiéramos eso, y los gobiernos estuvieron de acuerdo (a excepción de Colombia), no teníamos a la Unión Europea que no quería otra sanción y ese texto lo acompañamos”, explicó Roig.

Agregó que fueron los trabajadores de Ginebra quienes impidieron la discusión del caso de Rodney Álvarez.

“La queja que se discute fue la que metieron los empleadores porque persiguen a los empleados y no los dejan discutir convenios de salarios, y los trabajadores son los afectados”, sostuvo.

Roig destacó el resto de los puntos del documento, por lo que “si no cumplen de aquí a marzo, hay posibilidades de aplicar el artículo 33. Es un texto poderoso que no le gusta al Gobierno. Hay que entender también que la OIT no es una organización de sanciones sino de diálogo social”.

Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, destaca que si bien los trabajadores son los más afectados por las violaciones de sus derechos y aspiran acciones más contundentes por parte de la OIT, señala que el problema es saber cuáles podrían ser esas medidas más fuertes.

Daniels se refirió al caso de Myanmar, el único otro país al que se le ha aplicado el artículo 33.

“Países que importaban productos de Myanmar, ante la aplicación del artículo 33, le hicieron boicot a los artículos que salían de ahí. Ahora imagínese hacer eso en el caso venezolano donde prácticamente no hay exportaciones, aunque Venezuela sigue siendo un país petrolero y no sería un producto de boicot por la necesidad de crudo que hay en el mercado”, expuso.

Asimismo explicó que si bien se alienta a que haya un diálogo social, “al final lo importante es que se reitera que Venezuela ha incumplido con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. En segundo lugar, debe hacerlo y la OIT seguirá trabajando para que las cumpla. Es un agravio para el Gobierno que la OIT lo señale como violador de los derechos de los trabajadores”.

Daniels define la situación como el vaso medio lleno.

“Se ratifica el incumplimiento de la Comisión de Encuesta, se ratifican las violaciones de los derechos de los trabajadores, del empresario y que el tripartismo no es la realidad del derecho laboral en Venezuela, es un principio de derecho internacional que está en la Constitución y que el Gobierno incumple todos los días, imponiendo condiciones unilaterales a los trabajadores. Esa es la base de la condena de la OIT”.

Correo del Caroní