(AFP)La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este jueves la apertura de exámenes preliminares por “presuntos crímenes” a raíz de informaciones sobre unso de “fuerza excesiva” de los cuerpos de seguridad del Estado y el empleo “de medios violentos” por parte de manifestantes.

La institución también examinará la situación en Filipinas en el marco de la “guerra contra las drogas” lanzada por el presidente Rodrigo Duterte.

“Desde el año 2016 he seguido de cerca la situación en Filipinas y en Venezuela. Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (…) he decidido abrir un examen preliminar”, dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.

En el caso venezolano desde abril de 2017 “se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”, señala en el comunicado Bensouda.

“También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añade en el comunicado.

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre a que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano.

“Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad”, dijo entonces Ortega, al presentar ante la sede de la CPI en La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencias.

Entre abril y julio, más de 120 personas murieron en Venezuela durante las manifestaciones contra el gobierno del presidente Maduro. (AFP)

Información en la CPI podría estar sesgada

Caracas.- El Fiscal General designado por la ANC, aseguró este jueves que el Estado venezolano ha actuado contra los funcionarios que han utilizado fuerza excesiva en las manifestaciones.

Así respondió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual abrió un examen preliminar sobre Venezuela por la fuerza excesiva de la policía para dispersar y reprimir manifestaciones.

“Debo recordar que la CPI y sus instancias actúan de manera complementaria cuando en un Estado, en una República, en un Estado parte, los casos que pudieran ser evaluados en un examen periódico no hayan sido judicializados, no hayan sido investigados, no hayan tenido una documentación que como consecuencia lleve a que existan: uno, apertura de investigación; dos, detenciones, imputaciones y acusaciones respectivas”, explicó Saab. Asimismo, indicó que “en el caso por el cual se ha pronunciado la ciudadana Fiscal de la CPI, debo decir que su información pudiera parecer no sólo sesgada, sino que no ha tenido en el caso que nos ocupa la oportunidad de ni siquiera comunicarse para solicitar a este MP información sobre la judicialización o no del caso al cual hace referencia, que tiene que ver con los lamentables sucesos de abril a junio del año 2017”.

De igual forma, insistió en que el MP tiene suficiente documentación que revela que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales de la República, y muchos de esos casos no solamente han tenido imputación, sino acusación por parte del MP”.

“Estamos dispuestos a demostrar y a mostrar cuando así se nos requiere cada uno de esos argumentos (…). Hubo una expresa prohibición incluso anunciada por el Jefe del Estado y apoyada por todos los poderes nacionales de que no se hiciera uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones”, aseguró.