La corte suprema de Venezuela suspendió este lunes “todos los efectos” de las primarias de la oposición, en medio de un asedio judicial contra este proceso que se celebró poco después de que Estados Unidos flexibilizara sanciones contra el país a cambio de condiciones electorales.

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Las internas para elegir al rival del presidente venezolano Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre y tuvieron una sorpresiva participación de 2,4 millones de personas y un triunfo arrasador para la liberal inhabilitada María Corina Machado, con 92% de los votos.

Maduro, su partido y el resto de las autoridades sostuvieron que la oposición infló las cifras y desconocieron el proceso.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, admitió un recurso de amparo contra la primaria introducido por el opositor José Brito, diputado al Parlamento y tachado de “colaboracionista”.

“Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la ‘comisión nacional de primarias’”, señaló la sentencia publicada en la web de la máxima corte del país.

Al mismo tiempo, el fiscal Tarek William Saab abrió una investigación y citó este lunes a declarar en calidad de “investigados” a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y otros miembros de su equipo.

Las primarias se realizaron cinco días después de que el gobierno y la oposición acordaron respeto a las primarias en una mesa de diálogo, donde además se decidió celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales.

Estados Unidos en respuesta alivió por seis meses el embargo petrolero impuesto al país en 2019, pero lo condicionó a que se habiliten a opositores como Machado, algo que el chavismo, al menos en el discurso, ha descartado.

De hecho, en su sentencia, el TSJ se refiere a Machado como “ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años”, reafirmando una sanción impuesta en junio por supuesta corrupción y promover sanciones, que la oposición tacha de inconstitucional.

Identidad de votantes

Casal, su vicepresidenta Mildred Camero, y Roberto Abdul-Hadi, un suplente en la directiva, son interrogados por fiscales con competencia en “materia contra legitimación de capitales, delitos financieros y económicos”, según la boleta de citación.

La fiscalía investiga la presunta comisión de delitos de usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir. La Sala Electoral también advirtió sobre “la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión delitos comunes”.

“No me siento mal, no tengo complejo de culpa. Lo que (el fiscal) dice es diferente a lo que hicimos en realidad, pero esas serán materias que se discutirán en el tribunal”, dijo Camero a la AFP el jueves pasado.

El chavismo ya publicó en el pasado una lista con los nombres de quienes firmaron para llamar a un referendo revocatorio entre 2003 y 2004 contra el expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

Hubo ‘firmantes’ despedidos de la administración pública o no contratados por antichavistas. 

AFP