miércoles 30 noviembre, 2022
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Defensoría de Venezuela crea delegaciones en zonas fronterizas

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La Defensoría del Pueblo de Venezuela anunció este viernes la creación de delegaciones municipales en las regiones fronterizas con Colombia, tras la reapertura oficial de los pasos limítrofes, con el objetivo de atender la política de migración y recibir posibles denuncias.

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, explicó en un comunicado de prensa que la institución creó oficinas municipales en la línea limítrofe, aunque no precisó cuántas.

Ruíz indicó que, en el caso del municipio Guajira, ubicado al norte del estado Zulia, se creó una defensoría delegada indígena, con la meta de atender la política migratoria en esa jurisdicción, cuyos pobladores son, en su mayoría, indígenas de la etnia Wayúu, Añú y Japreria.

El defensor también señaló que se instaló una delegación en el municipio Bolívar del estado Táchira, donde se ubica San Antonio, que limita al oeste con las ciudades colombianas de Villa del Rosario y Juan Frío.

Recordó que esta ciudad tiene un gran movimiento económico y comercial por encontrarse en la frontera, y ser uno de los pasos más movidos entre ambas naciones, por lo que dijo que la Defensoría está “dispuesta y preparada” para atender a cualquier persona que requiera de sus servicios o poner denuncias.

El martes, el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, alertó sobre vulneraciones de los derechos humanos de los niños en la frontera con Venezuela al visitar el puente internacional Simón Bolívar, donde tuvo lugar la reapertura total de los pasos limítrofes.

“Estamos monitoreando en tiempo real, a través de las siete regionales de la Defensoría del Pueblo que comparten línea de frontera con Venezuela, todo lo que tiene ver con las diferentes vulneraciones de los derechos humanos que involucran directamente a los menores de edad”, dijo Camargo.

El funcionario se refirió a la situación de “1.200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en Colombia bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar y en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos”.(Cortesía/Globovisión)

 

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