Nacional

Denuncian violación «sistemática» de DDHH de pacientes renales

15 de septiembre de 2021

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Las oenegés Codevida y ATV acusaron “el pronunciado y masivo deterioro de los derechos a la salud y la vida” de las personas con insuficiencia renal en el país


La violación “de manera masiva y sistemática” de los Derechos Humanos de los pacientes con insuficiencia renal crónica por parte del Estado en el país, denunciaron este miércoles la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y Amigos Trasplantados de Venezuela.

Aseveraron las oenegés, en su informe elaborado entre diciembre de 2019 y junio de 2021, presentado en la jornada, que el Estado “ha incumplido sus obligaciones de garantizar un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud”.

Y “de programas y servicios básicos para asegurar condiciones sanitarias adecuadas” para las personas con esta condición de salud.

Acusaron Codevida y ATV que “no hay acceso a la información pública sobre estadísticas vitales, epidemiológica y de los servicios sanitarios en el país”. 

“Es un secreto de Estado la distribución de medicamentos, insumos y kit médicos en las unidades de diálisis”, señalaron.

En ese sentido, enfatizaron que “las personas que reciben tratamiento no saben con certeza por qué escasean y cuándo se reactivarán los suministros”.

“La centralización del sistema sanitario venezolano ha impedido que existan unidades de diálisis en todas las regiones del país, dejando sin atención a los estados Amazonas y Delta Amacuro, y zonas de difícil acceso en el resto del país”, recalcaron.

Insistieron que “no existe un tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal adecuado en el país”, debido a la pérdida paulatina de la calidad de servicio de las unidades de diálisis.

Detallaron la eliminación del kit de complejos vitamínicos y las fallas en la periodicidad del servicio, debido a fallas en las máquinas de hemodiálisis por falta de mantenimiento y falta de funcionamiento de la plantas de osmosis, entre otros factores.

Por ello, denunciaron “el pronunciado y masivo deterioro de los derechos a la salud y la vida de las personas con insuficiencia renal en Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que azota el país desde 2016”.

Sin trasplantes

Recordaron las oenegés que el 1 pasado 1 de junio, se cumplieron cuatro años de la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), que impide realizar trasplantes con donantes fallecidos.

Y acotaron que representa “un retroceso médico a 54 años de que se realizara el primer trasplante de este tipo en Venezuela, sin que haya expectativas de la reactivación del mismo”. 

Mencionaron que según la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV), más de 960 personas no pudieron ser trasplantadas desde 2017 como consecuencia directa de la paralización del programa.

Recomendaciones

En vista de la situación Codevida y ATV presentaron algunas recomendaciones al Estado, entre ellas:

  • Eliminar las políticas, normas, programas y servicios que apliquen criterios o decisiones de racionamiento en la distribución de los inmunosupresores, así como los kits de dializadores.
  • Activar de manera inmediata todas las medidas necesarias para permitir la regularización de la entrada al país de los materiales, medicinas e insumos que permitan a todas las personas con condiciones crónicas.
  • Revocar las medidas de suspensión del programa de procura de órganos para trasplantes de donantes cadáveres y asegurar las medicinas, insumos, materiales y servicios en condiciones seguras y adecuadas para continuar la realización de trasplantes en Venezuela.
  • Desistir de conductas de negación, omisión y manipulación sobre el grave abatimiento del sistema sanitario a nivel nacional, lo cual compromete responsabilidades nacionales e internacionales del Estado con el derecho a la salud y la vida de la población venezolana.
  • Reparar y poner en funcionamiento todas las máquinas de riñón artificial y plantas de osmosis en todos los estados del país, garantizando pago a prestadores y suministro regular de servicios básicos en las unidades de diálisis, y dotación de insumos, materiales y medicamentos.
  • Establecer centros de unidades de diálisis en todos los estados, evitando la sobrecarga de ciudades principales y facilitándole a las personas en tratamiento cumplir con su tratamiento médico sin mayores obstáculos.
  • Establecer un protocolo de mantenimiento de las plantas de ósmosis que se encuentran en las unidades de diálisis.
  • Asignar presupuestos públicos suficientes, regulares y de forma transparente para la atención a la salud de las personas con problemas renales, trasplantadas y con otras condiciones de salud crónicas.
  • Descentralizar el IVSS, permitiendo que se desconcentren las Farmacias de Alto Costo que entregan los inmunosupresores, evitando así que haya mayor atención a las personas trasplantadas que residen en el centro occidente del país.
  • Dotar con urgencia de insumos y materiales de protección para todo el personal sanitario y el universo de personas en los centros de diálisis y servicios de nefrología de los centros de salud del país para prevenir y reducir los riesgos de transmisión por covid-19, así como garantizar una vacunación masiva de todas estas personas.

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