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​Docentes y pensionados de Portuguesa: “No queremos bonos, queremos salarios dignos”

Como en otros estados, se congregaron en las inmediaciones de la Inspectoría del Trabajo para solicitar respuestas al pliego de exigencias que introdujeron en ese organismo a finales de febrero

(Marieva Fermín) Trabajadores del sector educación, junto a jubilados y pensionados del estado Portuguesa, se concentraron este lunes frente a la sede regional del Ministerio del Trabajo para exigir una respuesta formal al pliego de peticiones entregado hace 27 días, el cual sigue sin recibir atención por parte del Ejecutivo Nacional.

​Con pancartas en mano y consignas como “¡Aquí estamos, aquí seguimos y no nos rendimos!”, Pablo Rangel, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) del estado Portuguesa, intervino para denunciar la precariedad económica que atraviesa el sector. Destacó que la política de “bonificación” del salario ha destruido el poder adquisitivo de las familias venezolanas, empujando a más del 75% de la población de esa entidad llanera, a niveles de pobreza extrema.

Los dirigentes sindicales de organizaciones como Sinvep-Maestros, Fetraenseñanza y Suma, puntualizaron sus reclamos en el cumplimiento del Artículo 91 de la Constitución y exigen que el salario mínimo sea igual al costo de la canasta básica alimentaria.

​Como vocero de los manifestantes, Rangel pidió respeto a las Convenciones Colectivas y denuncia la eliminación progresiva de beneficios contractuales.

Entre las peticiones de los manifestantes está mejora efectiva de Servicios Públicos, porque además de los bajos sueldos, sufren los embates de apagones constantes y la falta de agua potable tratada.
​”La protesta no es exclusiva de nadie, es de todo aquel que siente en su estómago el peso de la crisis cuando no tiene qué desayunar o almorzar”, expresó Rangel durante su intervención.

El pasado 26 de febrero, representantes de diferentes gremios y organizaciones sindicales, consignaron un documento con las peticiones legales del gremio, no obstante, las autoridades del Ministerio del Trabajo no han emitido un pronunciamiento. Ante este silencio administrativo, los trabajadores aseguraron que permanecerán en las calles de manera indefinida hasta lograr un ajuste salarial que les permita “vivir con dignidad”, tal como lo establece la Constitución.

​La jornada culminó con el ingreso de una comisión de dirigentes al despacho del inspector del trabajo para intentar forzar una mediación.