Cónclave, primera fumata negra
7 de mayo de 2025
El gobierno de Estados Unidos evalúa restablecer las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela que fueron flexibilizadas como premio al acuerdo alcanzado entre las partes el pasado octubre
Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial «definitivamente firme» impide aspirar a la presidencia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que la decisión del TSJ contra María Corina Machado es «muy preocupante» y «contradice los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el marco del Acuerdo de Barbados, que fijaba una hoja de ruta electoral y permitía a todos los partidos elegir sus candidatos para la elección presidencial».
Anunció, en ese sentido, que evalúa restablecer las sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela que fueron flexibilizadas como premio al acuerdo alcanzado entre las partes el pasado octubre.
El vocero Matthew Miller destacó que Machado «no fue notificada de las alegaciones en su contra y no tuvo la posibilidad de responder».
Argentina, Uruguay y Ecuador también manifestaron su rechazo a la decisión de la corte.
«El Gobierno argentino sigue con preocupación la situación política en Venezuela y lamenta la decisión de inhabilitar (…) a la principal líder de oposición», indicó la Cancillería de Argentina en un comunicado.
Uruguay dijo que la decisión atenta «directamente contra la celebración de elecciones libres», mientras que Ecuador señaló que la medida es «contraria» a lo acordado en las negociaciones.
«Cosa juzgada», afirma el Gobierno
El diálogo entre el gobierno y la oposición comenzó en agosto de 2021 y fue paralizado en dos oportunidades. En octubre pasado acordaron celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año con observación internacional.
Aunque tampoco tiene previsto levantarse de la mesa de negociaciones, el gobierno de Maduro dijo que quién ha violentado los acuerdos es la oposición y señaló que el tema de las inhabilitaciones es «cosa juzgada».
«Lo que está claramente demostrado no hace falta debatirlo (…) ya es cosa juzgada en Venezuela, nosotros no vamos a volver a llover sobre mojado», indicó el sábado el vocero del gobierno en el diálogo, Héctor Rodríguez.
«Si en algo no se ha cumplido el acuerdo de Barbados es en los intentos de magnicidio», continuó Rodríguez, en referencia a los «planes conspirativos» contra Maduro que han dejado 36 detenciones, y tres de ellas son personas del equipo de Machado.
Las sanciones de Estados Unidos «son ilegales y además son inútiles políticamente», afirmó Rodríguez.
«No son la respuesta, la respuesta es el diálogo», agregó.
Blyde negó que los dirigentes del equipo de Machado estén detrás de estos planes y dijo que la única ruta de la oposición es la electoral. (AFP)
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