“Hemos acabado con las estructuras criminales que operaban desde las cárceles”, resaltó el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, quien además afirmó que esta sería la séptima intervención en menos de 90 días

(AFP) El vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, informó que el Internado Judicial San Felipe, mejor conocido como “La Cuarta”, en el estado Yaracuy, fue intervenido policialmente. Aseveró que con la toma del penal, el Gobierno nacional logró el control del 100 % de las cárceles del país. Venezuela interviene una última y séptima cárcel para liberarla de pandillas

Una última y séptima cárcel fue intervenida este viernes en Venezuela como parte de un plan del Ministerio de Interior para liberar los centros penitenciarios de las “estructuras criminales” que operaban dentro de las prisiones, informaron las autoridades.

El Centro Penitenciario “La Cuarta”, ubicado en el estado Yaracuy (norte), fue tomado en horas de la madrugada por las autoridades que anunciaron un “control total” del centro.

“Hemos tomado control total de este centro y con este control total aquí en Yaracuy tenemos 100% de todas las cárceles del país bajo el régimen penitenciario”, indicó el ministro de Interior, Remigio Ceballos, en la televisión estatal VTV.

El plan para liberar a las cárceles de las bandas criminales inició el pasado 20 de septiembre con la prisión de Tocorón, el centro penitenciario más famoso del país y desde donde operaba una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina: el Tren de Aragua.

Para recuperar Tocorón se movilizaron más de 10.000 funcionarios policiales y militares. En este penal funcionaba un bar, una discoteca y una piscina.

Al desalojo de Tocorón le siguió la intervención de Tocuyito (Carabobo, centro-norte), la cárcel más poblada del país; Puente Ayala, en Anzoátegui (este); La Pica, en Monagas (este); y el Internado Judicial de Trujillo, en Trujillo (oeste).

En estas prisiones se han encontrado arsenales de guerra que incluyen explosivos, granadas, armas largas y lanzagranadas, así como teléfonos celulares empleados por los reos para perpetrar delitos como la estafa y la extorsión.

Durante años, las cárceles del país han funcionado como “centros de extorsión”, delito ampliamente propagado en el país y que consiste en amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas en las que se exigen grandes sumas de dinero a las víctimas.

Con esta última intervención Ceballos aseguró que las autoridades han “acabado con las estructuras criminales que habían en las cárceles”. (AFP)