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Elevadas cifras de impunidad revelan crisis judicial en Venezuela

89% de los presos políticos se encuentra privado de libertad sin que se haya establecido su responsabilidad en hechos delictivos

Las altas cifras de impunidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante  las manifestaciones pacíficas y las violaciones de las garantías del debido proceso en las causas de los presos políticos se han convertido en la máxima de los procesos judiciales en Venezuela, de acuerdo con un informe publicado este jueves 5 de noviembre  por la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)

“De un total de 332 asesinatos documentados, existe un alarmante índice de impunidad de 97% que data desde el año 2014, lo que representa un patrón perverso que ampara a los responsables de delitos contra los derechos humanos, que revictimiza a las víctimas y niega sus esperanzas de justicia y reparación integral”, señala el informe que fue elaborado a partir del segundo semestre del año.

En el monitoreo de casos que lleva a cabo la organización, figura la documentación exhaustiva de 73 denuncias de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes, recabados a través de testimonios, registro audiovisual, documentos y diferentes medios de prueba, lo cual ha permitido la presentación de los casos ante instancias internacionales, en búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Respecto a la situación judicial de los 333 presos políticos, el 89% se encuentra privado de libertad sin que se haya establecido su responsabilidad en hechos delictivos, lo cual viola flagrantemente el derecho sagrado a la libertad y el derecho a la presunción de inocencia.

En este sentido, alarma que muchos casos tienen más de 5 años en espera de audiencia preliminar, es decir, ni siquiera se ha confirmado la acusación fiscal y llevan todo ese tiempo privados de libertad, lo cual es contrario al orden constitucional y lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

Para la organización defensora de derechos humanos, estos hechos demuestran que “el Gobierno sigue actuando de manera persistente y consistente en la vulneración de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos, así como a los principios y estándares internacionales referentes a, las libertades fundamentales de manifestación, el respeto a la integridad física del individuo y al debido proceso”.

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