Denuncian «descontrol» en el abastecimiento de combustible en San Antonio
23 de noviembre de 2024
Alrededor de 15 organizaciones gremiales y de la sociedad civil emitieron un documento en el que formulan una serie de consideraciones a raíz del llamado de regreso a clases presenciales por parte del Ejecutivo nacional.
La propuesta reúne lineamientos concretos para abordar la crisis educativa del país y su impacto en el desarrollo psicomotor, afectivo y cognitivo de los niños, adolescentes y jóvenes. Gremios docentes, sindicatos de trabajadores de la educación, asociaciones de padres y representantes, centros de estudiantes, iglesias y universidades participaron en la redacción del documento que exige declarar en emergencia la educación venezolana.
El sector estudiantil ha visto cercenado su derecho al estudio, especialmente la población con edades comprendidas entre los 3 y 6 años, como consecuencia de una multiplicidad de factores entre los que destacan la pandemia por el COVID-19, las deficiencias en el proceso de vacunación, el estado de abandono de la infraestructura escolar
Representantes de la sociedad civil del estado Bolívar, el Frente Amplio Venezuela Libre, la Asociación Civil Lazos Guayana, el Colegio de Ingenieros Seccional Caroní, Fetrabolívar, Colegio de Enfermeros, los movimientos Guayana Posible, Unidad en la Coincidencia, Grupo UNO, Plataforma Nacional del Conflicto Bolívar, Médicos Unidos, Observatorio Guayana Sustentable, Asociación Civil Unidad y Cambio, Frente de Profesionales y la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar hacen las siguientes proposiciones:
- Establecer las responsabilidades sobre el estado de ruina y deterioro del sistema educativo venezolano y regional, y se aplique todo el rigor de ley a los mismos.
- Declarar en emergencia a la educación venezolana en todos sus niveles y modalidades.
- La emergencia incluye la ejecución de un plan de mantenimiento a jardines de infancia, escuelas, liceos y universidades. Una vez establecido el monto de la inversión a realizar y los proyectos puntuales a ejecutar, que la mesa de negociación en México acuerde acudir a los órganos multilaterales (FMI, BID y CAF) en procura de recursos extraordinarios con carácter de urgencia para este propósito.
- Aprobar una asignación especial de 100 dólares mensuales para los maestros activos con vigencia para el año escolar 2021/2022, sin menoscabo del salario legal que devengan y demás beneficios contractuales, con recursos extraordinarios provenientes de recortes presupuestarios (gastos superfluos, eliminación de aportes a Cuba y regalos a otros países amigos del régimen, recortes y eliminación de gastos militares destinados a adquirir equipos para reprimir las protestas populares), de las cuentas congeladas a la República en bancos en el extranjero y aportes especiales de la comunidad internacional en calidad de ayuda humanitaria.
- Solicitar a la Unicef, en términos de ayuda humanitaria, durante el período escolar por iniciarse, un suplemento alimenticio para el 100% de la matrícula en educación inicial, para subsanar el déficit de consumo de proteínas, vitaminas y calorías que afecta a esta población.
- La inmediata y efectiva vacunación a la población venezolana, priorizando al personal obrero, administrativo, docente y directivo de escuelas, liceos y universidades.
- Convenir con la Unesco un proyecto de capacitación y asistencia técnica al personal docente venezolano en procesos de aprendizajes virtuales y uso de tecnologías de punta en el área a fin de elevar sustancialmente la calidad del aprendizaje.
- Acuerdo de la mesa de negociación en México para que la sociedad civil, particularmente los gremios docentes, tengan participación real e inmediata en la planificación, ejecución y control de los proyectos aquí propuestos como vía para eludir la corrupción administrativa y para fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en los asuntos públicos.
Consideraciones
Estas proposiciones surgen del análisis y consideraciones sobre la situación del sector educativo en Venezuela, agravado por la pandemia de COVID-19.
“El sector estudiantil ha visto cercenado su derecho al estudio, especialmente la población con edades comprendidas entre los 3 y 6 años, como consecuencia de una multiplicidad de factores entre los que destacan la pandemia por el COVID-19, las deficiencias en el proceso de vacunación, el estado de abandono de la infraestructura escolar, las precarias condiciones laborales y de vida del personal docente, la escasez de combustible y el acelerado y espantoso proceso de empobrecimiento del pueblo venezolano”, plantean en el documento.
Señalan que de los jóvenes entre los 17 y 25 años, apenas el 10% aproximadamente está cursando estudios superiores, ya que la mayoría ha abandonado las aulas para incorporarse al mercado laboral informal o emigrar a países vecinos en procura de oportunidades laborales.
A ello se suma las condiciones de las universidades públicas, cuyos presupuestos siguen siendo limitados y apenas alcanzan para pagos de sueldos precarios.
“La modalidad de estudios a distancia (90% de los escolares hacen actividad en esta modalidad) ha devenido en un fracaso estrepitoso, dado que la mayoría de los hogares venezolanos no tienen acceso a internet ni cuentan con los dispositivos tecnológicos requeridos para tales efectos. Más aún, la mayoría de los docentes tampoco tienen acceso a la conexión telemática o, en todo caso, lo tienen con severas limitaciones”, agregan a las observaciones.
En cuarto y quinto lugar, se refieren a los salarios de hambre que reciben docentes y demás trabajadores del sector educación, así como el deplorable estado de las instituciones educativas, por falta de mantenimiento y por la acción incontrolada de la delincuencia.-
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