Docentes activos y jubilados, personal obrero y administrativo del estado Lara se reunieron en una asamblea general en el Colegio de Profesores para estudiar el caso de los trabajadores de la educación a los que se les suspendió el sueldo de manera arbitraria.

Marisela Hernández, secretaria del Colegio de Licenciados en Lara, informó que personalmente recibió unas 50 denuncias individuales sobre esta situación y que la lista de docentes afectados asciende a 700 en toda la región.

Por su parte, Luis Arroyo Cortez, presidente del Colegio de Profesores en la entidad, afirmó que la suspensión no solo fue de sueldos, sino también de beneficios como el bono Contra la Guerra Económica y el de alimentación.

Además, Arroyo expresó que «estas decisiones se están realizando sin el debido proceso administrativo y legal. El salario es intocable».

Explicaron que estarán analizando cada caso y el impacto que tiene en la estabilidad laboral de los afectados para definir las acciones a tomar.

Trabajadores de la educación deben costear los gastos para hacer las denuncias

Por otro lado, Norkys Álvarez, una de las docentes afectadas, aprovechó la oportunidad ante los medios de comunicación para dar a conocer que, en su caso, le han negado el proceso de jubilación.

Es importante resaltar que muchos de los afectados están en zonas foráneas, por lo que deben trasladarse al centro de Barquisimeto para tramitar su denuncia y presentarse ante los entes con competencia, como el Ministerio de Educación o la Defensoría del Pueblo, lo cual representa un gasto por el traslado y no todos tienen los recursos para ello.

Ante dicha situación, Norkys tuvo que verse en la necesidad de enviar una carta dirigida al fiscal general, Tarek William Saab, quien estuvo recibiendo y atendiendo casos en Barquisimeto recientemente. Igualmente, dirigió su denuncia al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, exigiendo que se le haga efectivo su retiro.

«No estoy pidiendo nada que no me haya ganado con esfuerzo. Yo di clases, realicé mi trabajo y me corresponde mi jubilación», manifestó Álvarez, resaltando su dedicación a la enseñanza a lo largo de los años.

De tal forma, la comunidad educativa del estado Lara afirmó que luego de estudiar estos casos, tomarán las debidas medidas para acudir a los entes correspondientes a exigir respuestas y soluciones ante estas decisiones que afectan directamente el bienestar del personal y el ejercicio de su labor.

La misma situación denunciaron esta semana en el estado Guárico, donde la Coalición Sindical Magisterial aseguró que luego del 10 de junio, otros 60 pensionados y jubilados y mil docentes correrán con la misma suerte de tener sus sueldos y pensiones suspendidos. /Radio Fe y Alegría