Familiares del concejal opositor muerto hace un mes en la sede del servicio de inteligencia, en Caracas, pidieron este jueves a organizaciones internacionales que investiguen el caso, ante denuncias de que no se trató de un “suicidio” como afirman las autoridades.

Fernando Albán “murió bajo la custodia del Estado (…) y su supuesto ‘suicidio’ se verificó en circunstancias inexplicadas, todo lo cual, encuadra en los específicos supuestos de muerte potencialmente ilícita”, expresa un comunicado firmado por su viuda, Meudy Osío.

La familia pidió a organismos multilaterales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) que “intervengan y ayuden” para llevar adelante “una investigación independiente”.

El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que Albán se lanzó desde una ventana en un pasillo del piso 10 del edificio del servicio de inteligencia (SEBIN) tras pedir ir al baño. El funcionario, previamente, había dicho que se había tirado desde la ventana de un baño.

¿Por qué el fiscal “calificó su muerte, de manera precoz e ilegal, como un ‘suicidio’? (…) ¿Por qué posteriormente se contradijo?”, preguntó la familia, que negó haber recibido informes de una autopsia, contradiciendo a Saab, de línea oficialista.

Líderes opositores aseguran que Albán fue arrojado sin vida por agentes para borrar evidencias de torturas durante un interrogatorio.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, duro crítico de Maduro a quien tilda de “dictador”, consideró el caso como “un crimen de lesa humanidad”.

La muerte de Albán se produjo tres días después de haber sido detenido, acusado de colaborar con un intento de magnicidio, tras la explosión de dos drones en las proximidades de una tarima en la que Maduro daba un discurso durante una parada militar en Caracas, el 4 de agosto.