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Foro Penal: 887 presos por razones políticas 

La ONG alertó que 60 de los detenidos tienen paradero desconocido y que la mayoría fueron arrestados tras las presidenciales de 2024

La ONG Foro Penal actualizó este jueves la cifra de presos por razones políticas en Venezuela, que ascendió a 887 personas, de las cuales 85 poseen nacionalidad extranjera. El balance, correspondiente al primero de diciembre de 2025, profundiza la preocupación sobre el incremento de detenciones por motivos políticos en el país.

El reporte detalla que entre los detenidos hay 770 hombres y 117 mujeres, así como 713 civiles y 174 militares. La organización también registra 883 adultos y 4 adolescentes, en un patrón que muestra el alcance transversal de la represión.

Uno de los datos más alarmantes es el de los 60 detenidos cuyo paradero permanece desconocido, una situación que organizaciones de derechos humanos califican como desapariciones forzadas de corta duración, práctica documentada en informes de instancias internacionales.

Aumento de presos 

Foro Penal explicó que la mayoría de las detenciones se produjeron después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, comicios en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El gobierno de Maduro, por su parte, sostiene que en Venezuela no existen presos por razones políticas. El Presidente y el fiscal general, Tarek William Saab, aseguran que todos los detenidos “cometieron delitos”, una afirmación rechazada por Foro Penal, diversas ONG y líderes opositores, quienes señalan que se trata de procesos fabricados para castigar la disidencia.

Violaciones al debido proceso

El 3 de noviembre, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió sobre un incremento en las detenciones sin información pública suficiente, un escenario que califica como de “inseguridad jurídica y angustia prolongada”.

JEP denuncia que las autoridades ocultan información clave sobre los arrestos, retrasan la presentación de los detenidos ante tribunales y obstaculizan la labor de abogados y familiares. La ONG sostiene que esta “opacidad generalizada” ha fortalecido un clima de arbitrariedad estructural. (El Nacional)