Gobierno “ha fracasado” en su tarea de garantizar bienestar a la población

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Monseñor José  Azuaje, al centro; monseñor Mario Moronta, a su derecha, y monseñor Raúl Biord, respectivamente, presidente, y primer y segundo vicepresidentes de la CEV.
Monseñor José  Azuaje, al centro; monseñor Mario Moronta, a su derecha, y monseñor Raúl Biord, respectivamente, presidente, y primer y segundo vicepresidentes de la CEV.

Caracas.- “¡Despierta y reacciona, es el momento!, lema de la segunda visita de san Juan Pablo II a Venezuela (1996), resuena en esta hora aciaga de la vida nacional. Despertar y reaccionar es percatarse de que el poder del pueblo supera cualquier otro poder”.

Estas palabras están insertas en el exhorto que los obispos venezolanos emitieron este viernes en ocasión de celebrar la CIX Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, texto en el cual se refieren a la grave situación del país, indicando entre otras cosas que las políticas del Gobierno han llevado a los ciudadanos a una gran dependencia de los organismos del Estado, generando una contracción de la libre iniciativa.

Del mismo modo, expresaron que el éxodo de millones de venezolanos que buscan nuevos horizontes les duele profundamente. “La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizado, que el Gobierno se empeña en mantener”.

En el texto, los obispos resaltan además que las medidas gubernamentales para abastecer de alimentos al pueblo “son insuficientes y tienden a crear mendicidad y mayor dependencia”. Destacan que las políticas sociales y económicas “están infectadas del morbo de la corrupción”.

Asimismo, el férreo y prolongado control de divisas “es un freno injusto al desarrollo de la empresa privada”. Para la conferencia, estas políticas han dado como resultado un “aumento de la pobreza, desempleo, carencia de bienes básicos, descontento y desesperanza general”.

Venezuela necesita

un cambio de rumbo

Señala el documento que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva Constitución, pretende erigirse en un suprapoder con funciones ejecutivas y judiciales. El Gobierno, con la “Ley Contra el Odio y la Intolerancia”, nacida de la misma Asamblea, criminaliza toda manifestación en su contra y propicia la multiplicación y difusión de toda clase de rumores y especulaciones, cuyo efecto es consolidar un control absoluto de actividades y provocar el miedo y la autocensura.

Igualmente, el texto de los obispos venezolanos indica que “con la suspensión del referéndum revocatorio y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, el Gobierno usurpó al pueblo su poder originario. Los resultados los está padeciendo el mismo pueblo, que ve empeorar día tras día su situación. No habrá una verdadera solución de los problemas del país hasta tanto el pueblo no recupere totalmente el ejercicio de su poder”.

La Conferencia afirmó que el Ejecutivo “ha fracasado” en su tarea de garantizar el bienestar de la población, como los servicios públicos. Ni la industria petrolera, ni los cuerpos de seguridad, ni la salud pública, ni otros organismos, “han sabido responder a las necesidades de la gente”.

En el exhorto expresa que el Consejo Nacional Electoral tiene que ser reestructurado, “para que cumpla con la imparcialidad” que pide la Constitución de la República vigente. Solo así, señala, actuará con transparencia y equidad en sus funciones y garantizará el respeto a las decisiones del pueblo.

Ante las elecciones presidenciales previstas para el presente año, debe contarse con la presencia y supervisión de observadores “por parte de reconocidos organismos internacionales”, plantean los obispos en el documento.