El canciller Gil afirmó que en Venezuela hay “una economía en crecimiento, con estabilidad política y con instituciones que responden a su pueblo, no a intereses financieros ni a lobbies de turno”

El Gobierno de Venezuela rechazó este martes que la Comisión Europea incluyera al país caribeño en una lista de jurisdicciones con “alto riesgo” de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

 “Venezuela rechaza de manera categórica su inclusión en la ridícula lista de países de ‘alto riesgo’ publicada por la Unión Europea. Lo que sí representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”, manifestó el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, Venezuela afirmó que “una burocracia anacrónica, envejecida y desconectada de su gente pretende hoy tutorar a Venezuela, cuando ni siquiera puede gobernar con coherencia su propio espacio”.

“Tienen bancos lavando dinero en sus propias capitales, funcionarios que miran para otro lado, y paraísos fiscales que operan con total impunidad dentro de sus fronteras o bajo su amparo”, aseguró el Gobierno chavista.

Además, afirmó que en Venezuela hay “una economía en crecimiento, con estabilidad política y con instituciones que responden a su pueblo, no a intereses financieros ni a lobbies de turno”.

“Lo que molesta a la élite decrépita europea no es el riesgo, sino la verdad: que hay países del sur que ya no agachan la cabeza, que no aceptan tutelajes, y que no están dispuestos a entrar en las listas de los obedientes”, señaló.

En la lista donde figura Venezuela, se identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.

 Aparecer en él no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios. (EFE)