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27 de noviembre de 2024
(AFP) El Grupo de Lima se reúne este lunes en Santiago para elevar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro y sumar más apoyos para una salida pacífica de la crisis que sofoca a Venezuela.
La reunión de Santiago persigue tres objetivos: “hacer todo lo posible para ingrese la ayuda humanitaria”; “seguir fortaleciendo todos los instrumentos de la presión internacional diplomática, económica, política”, y “ampliar este Grupo y buscar más coordinación y más unidad con el Grupo de Contacto”, que incluye a los países de la Unión Europea, señaló el presidente chileno Sebastián Piñera, al reunirse temprano este lunes con los cancilleres que asisten a la cita.
El encuentro contará con la presencia de Efraín Baus, subsecretario ecuatoriano de América Latina y el Caribe, y Christian Leffner, secretario general adjunto para asuntos Económicos y globales de la Unión Europea, quien sostendrá una videoconferencia con los asistentes.
“El Grupo de Lima ha hecho un trabajo esencial y lo seguiremos desarrollando y seguiremos también estableciendo vínculos y buscando convergencias con otros actores de la política internacional que están interesados también en el restablecimiento de la democracia en Venezuela”, dijo por su parte el canciller chileno Roberto Ampuero, minutos antes de iniciar la reunión de cancilleres.
Ecuador y la UE participan de la reunión en calidad de observadores y representantes del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela (GCI), del cual también intervienen Uruguay, Costa Rica y Bolivia, éste último país aliado del gobierno de Maduro.
Tras ser lanzado en Montevideo en febrero pasado, éste grupo fijó un plazo de 90 días para promover comicios presidenciales como una salida pacífica a la crisis política en Venezuela.
Los países de la UE que participan del GCI son Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia, todos a favor también de una salida democrática.
Chile, uno de los países más críticos del gobierno de Nicolás Maduro y de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, hizo un primer acercamiento mediante su canciller, quien participó de la última reunión del GCI en Ecuador en marzo pasado como ‘un puente’ entre el GCI y el Grupo de Lima.
Mientras se desarrolla el encuentro en Santiago, Canadá, uno de los miembros del Grupo, anunció una cuarta ronda de sanciones contra el gobierno de Maduro, en respuesta a sus persistentes “acciones antidemocráticas”.
Las 43 personas a las que apuntan las medidas -que consisten en congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones- fueron consideradas “responsables del deterioro de la situación en Venezuela”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado.
La lista incluye al canciller venezolano, Jorge Arreaza, y otros altos funcionarios, como los ministros de Economía, Simón Zerpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PDVSA.
Salida Pacífica
La cita en Santiago se produce en medio de la peor crisis humanitaria y económica de la historia reciente de Venezuela, que ha provocado la migración de más de 3,7 millones de personas.
Según el FMI y el Banco Mundial, la inflación de Venezuela alcanzará este año 10.000.000%, mientras que el país sufrirá la pérdida de una cuarta parte de su PIB.
El empeoramiento de la crisis elevó especulaciones sobre una eventual acción militar. Recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reafirmar que todas las opciones estaban sobre la mesa.
El domingo, tras una gira por Chile, Paraguay y Perú, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lanzó una nueva descarga de críticas y amenazas contra el gobierno de Maduro, pidiendo que se reabra la frontera con Colombia para que los venezolanos puedan recibir ayuda esencial.
“Maduro debe saber que estamos vigilando y nuestro apoyo no va a flaquear. Los actores democráticos en Venezuela no serán disuadidos”, dijo Pompeo, que visitó a países afines a sus políticas.
Pero la opción militar es hasta ahora descartada por el Grupo de Lima.
La postura del Grupo “es muy clara con respecto a que busca una solución democrática, una solución política, una solución no violenta para la tragedia que está atravesando el pueblo de Venezuela”, reafirmó Ampuero.
El Grupo de Lima fue creado en agosto de 2017 por iniciativa de Perú, con el fin de colaborar en solucionar la crisis venezolana.
Está conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guayana, Guatemala, México, Panamá Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Canadá impone nuevas sanciones
Canadá anunció el lunes una cuarta ronda de sanciones contra funcionarios de Venezuela, incluido su canciller Jorge Arreaza, en respuesta a lo que describió como persistentes “acciones antidemocráticas” del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las 43 personas a las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones, son “responsables del deterioro de la situación en Venezuela”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado.
Además de Arreaza, las sanciones alcanzan a otros funcionarios de alto rango del gobierno de Maduro, como los ministros de Economía, Simón Zerpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PDVSA.
Asimismo, entre los acusados de socavar las instituciones democráticas de Venezuela están los gobernadores de los estados de Zulia, Apure, Vargas y Carabobo, y el director del servicio de inteligencia (Sebin), Manuel Figuera.
Con estos 43 sancionados, suman 113 los funcionarios del gobierno de Venezuela objeto de medidas punitivas de Canadá desde 2017, entre los que están el propio Maduro y su esposa Cilia Flores, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
La medida de Ottawa se produce el mismo día en que Canadá y los 13 países latinoamericanos que conforman el Grupo de Lima, un bloque creado en 2017 para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana, se reúnen en Santiago para discutir la crisis política y económica en la otrora potencia petrolera.
“Durante la reunión del Grupo de Lima celebrada en Ottawa el 4 de febrero de 2019, pedimos a la comunidad internacional que actuara contra el régimen de Maduro. En el día de hoy, Canadá está actuando al responsabilizar a 43 personas más por su papel en el empeoramiento de la situación en Venezuela”, dijo Freeland el lunes.
Canadá considera que el deterioro institucional en Venezuela comenzó luego de las elecciones democráticas de 2015, cuando Maduro fue electo para un primer mandato. Desde entonces, sancionó a 40 funcionarios en septiembre de 2017 y a otros 19 en noviembre de ese año.
La tercera tanda de sanciones, que afectó a otros 14 funcionarios, fue en mayo de 2018, luego de los cuestionados comicios en que Maduro resultó reelecto hasta 2025.
Canadá está entre los más de 50 países que desconocen el gobierno de Maduro por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas, y reconocen como única autoridad válida de Venezuela a Juan Guaidó, el jefe del Parlamento elegido en 2015, quien se declaró presidente interino del país en enero con miras a “cesar la usurpación” del mandatario y organizar nuevas elecciones.
Guaidó cuenta con el apoyo en particular de Estados Unidos, mientras Maduro, aferrado al poder con respaldo de los militares, es sostenido por Rusia y China.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, reiteró el domingo los pedidos de Washington para que Maduro renuncie, al concluir una gira por Sudamérica en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela y escenario de la crisis migratoria que se generó en la región por la huida de unos 3,7 millones de venezolanos en los últimos años, según la ONU.
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