En medio de la pugna por el poder entre Guaidó y el presidente Nicolás Maduro, el Parlamento -único poder en manos de la oposición- designó en febrero pasado autoridades en Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos, además de otros delegados.

“En febrero de 2019, el Parlamento de Jamaica aprobó la Ley de Adquisición Obligatoria, cuyo propósito es expropiar la participación del 49% de PDVSA Caribe en Petrojam. Desde entonces, las legítimas autoridades de Venezuela han ejercido la defensa de PDVSA en Jamaica”, añadió el escrito de la junta de “PDVSA ad hoc” difundido el sábado.

El acuerdo le otorgaba a Jamaica el 51% de las acciones y a PDVSA, a través de su filial PDV Caribe, el restante 49%.

Jamaica fue uno de los beneficiarios del programa energético Petrocaribe, fundado en 2005 por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) para proveer de combustible a precios preferenciales a más de una decena de países del Caribe y Centroamérica.

Con una alicaída producción de petróleo, fuente del 96% de sus ingresos, Venezuela vive la peor crisis de su historia reciente con una economía reducida a la mitad en cinco años, marcada por una inflación voraz y escasez de bienes, especialmente medicamentos.

A la debacle, se suma una dramática merma de combustible, algo que Maduro achaca a sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, que incluyen un embargo vigente desde el 28 de abril que impide tranzar el crudo venezolano en el mercado estadounidense.

El país petrolero, que cuenta con el Centro de refinación Paraguaná (Falcón, oeste), uno de los más grandes del mundo, se abastecía antaño con producción propia. Actualmente, se registran largas filas en los estados del interior para abastecerse de combustible.

AFP