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Nacional
La covid-19 no es lo peor que padecen los indígenas del Zulia
18 de septiembre de 2020
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El boletín de agosto de Codhez alerta que los guajiros y yukpas zulianos están desamparados y en riesgo permanente
Las medidas de confinamiento por la pandemia de covid-19 empeoraron la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas del Zulia, de acuerdo al boletín de agosto publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
En este informe se documentan las condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que habitan en las zonas de Guajira y Perijá.
Se destaca que la deficiente prestación de los servicios de energía eléctrica, agua potable, gas doméstico, salud, educación y transporte público, así como las dificultades para acceder a los alimentos se agravó desde marzo, con la aplicación de las medidas restrictivas relativas a la cuarentena colectiva y social.
Como consecuencia de las medidas anunciadas por los gobiernos venezolano y colombiano con motivo de la pandemia, más del 80 por ciento del sector laboral y comercial se paralizó en La Guajira a partir del segundo trimestre de 2020.
Por su parte, en la zona de la sierra de Perijá, las dificultades de acceso a los poblados, la sequía, las inundaciones y la proliferación de enfermedades, presuntamente erradicadas, siguen ocasionando daños irreparables a las comunidades.
La Guajira sumida en la oscuridad
En el transcurso del año han sido comunes las denuncias por fallas eléctricas o cortes prolongados que se extienden más allá de las horas de racionamiento.
El boletín de Codhez resalta la situación del 19 de agosto, cuando 80 comunidades de Paraguaipoa, más de 50 mil personas, quedaron sin servicio eléctrico debido a fuertes lluvias que provocaron caída de guayas y cinco postes.
Al respecto, las autoridades manifestaron no contar ni con las herramientas ni el combustible necesario para trasladarse a atender las averías. Los habitantes suministraron combustible a los camiones de Corpoelec. Sin embargo, esta circunstancia persistió varios días.
Después de una semana y luego de más de 180 horas sin servicio, los vecinos de Paraguaipoa se concentraron en la plaza central para organizar comisiones y exigir la restitución de la electricidad.
Este hecho fue catalogado por el Comité de Derechos Humanos de La Guajira como “una violación a los derechos humanos de más 50 mil personas”.
Más de 20 años sin agua por tubería
Con respecto al suministro de agua, el 21 de enero la autoridad regional anunció que a partir del siguiente mes el municipio Guajira tendría agua potable por tubería.
En esta subregión hay poblados que tienen más de 20 años sin agua corriente y cuyo suministro de agua depende de pozos artesanales, además de que se ven obligados a consumir agua no apta para el consumo humano.
En abril, en pleno aumento de casos de covid-19, los habitantes de la Guajira continuaban esperando por el servicio de agua corriente. Esta ausencia de agua potable impide la correcta preparación de los alimentos.
Trascendieron reportes de familias que solo pueden cocinar una comida al día por no contar con agua para su preparación. Asimismo, la carencia de servicio de gas doméstico se suma a la lista de dificultades que deben afrontar los wayuu para preparar alimentos.
Inseguridad alimentaria que persiste
Apenas 15 días después de la declaratoria del estado de alarma y la subsecuente aplicación de medidas restrictivas, los habitantes de la región Guajira afirmaban que “no nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre”, dado el cierre de los puntos fronterizos donde compraban sus alimentos.
La inseguridad alimentaria entre los indígenas en el Zulia es una problemática sostenida en el tiempo, pues tanto la accesibilidad como la disponibilidad de los alimentos necesarios para la nutrición de estos pueblos no están garantizada por el Estado venezolano.
La mayoría de los habitantes de La Guajira debe trasladarse hasta Colombia para adquirir los pocos alimentos que pueden. Se denunció que para llegar a otras zonas se debe recorrer hasta 12 kilómetros en bicicleta o a pie.
En el peor de los casos les toca caminar para adquirir tan solo tres artículos con bonos proveídos por el gobierno, dado que la mayoría depende de la economía informal y las medidas de confinamiento afectaron sus ingresos y dependen de la ayuda gubernamental para subsistir.
La misma situación enfrentan quienes perciben salario fijo, pues este resulta insuficiente ante el alto costo de los alimentos.
Según información de la Alcaldía de Mara, en este municipio y La Guajira se detectaron más de 496 familias con niños malnutridos y deshidratados, asociados con otras patologías como cardiopatías y parasitosis.
En agosto se reportaron altos índices de desnutrición en niños de la Guajira. Algunas familias caminan hasta 20 kilómetros para pedir pescado y así contar con un plato de comida al día.
Los asechan paludismo y tuberculosis
Otras de las situaciones reportadas por Codhez en su boletín se refieren a la precaria atención sanitaria de los pueblos indígenas, agravada en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia.
Además del flagelo de la pandemia, otras enfermedades permanecen desatendidas en la subregión como casos de paludismo, tuberculosis y personas portadoras del VIH con limitado acceso a medicamentos y tratamientos pertinentes.
La problemática en la educación se hizo más desoladora, cuando el gobierno nacional declaró la suspensión de clases presenciales y la activación del plan Cada Familia una Escuela, que implica realizar actividades académicas a distancia mediante el uso de la gestión virtual de la educación.
Para la ejecución de este plan se requieren como elementos básicos tanto un servicio continuo de energía eléctrica como un acceso permanente a Internet, condiciones de las cuales carece el municipio Guajira.
Perijá en riesgo por falta de combustible
El tema sanitario es uno de los principales problemas del pueblo yukpa, en especial por la reaparición del paludismo, puesto que más de 120 habitantes, entre hombres, mujeres y niños de la sierra de Perijá, están enfermos y aplican sus propios métodos curativos, porque no cuentan con medios para trasladarse a centros hospitalarios urbanos.
La escasez de gasolina también pone en riesgo la salud del pueblo yukpa. El 1 de mayo un niño mordido por una serpiente falleció por no contar con gasolina para trasladarlo oportunamente a un centro de salud que queda a seis horas de su comunidad Santa Catalina.
En junio se reportaron fallecimientos de personas yukpas por la Covid-19. Los caciques yukpas solicitaron la venta de gasoil para el transporte del sector, pues sus pueblos se encuentran aislados y en una posición más vulnerable frente a cualquier tipo de afección contra la salud.
Las dificultades de acceso a los territorios yukpas, se evidencian, además, en acontecimientos como los incendios forestales sucedidos en febrero en la sierra de Perijá, que ocasionaron daños en las comunidades de Apón, Macoita, Toromo y El Tukuko.
El cuerpo de bomberos de la zona no cuenta con los vehículos idóneos para este tipo de eventos y de esa magnitud. Cuando lograron apagarse las llamas ya se habían afectado 480 hectáreas de cultivos.
Problemas a gran escala
El boletín de Codhez también documenta la deficiencia de servicios hospitalarios, incremento de contagios y muertes del personal sanitario en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid19 en el Zulia.
El gremio médico continúa con sus constantes llamados de atención y denuncias sobre la necesidad de dotar de implementos de bioseguridad al personal sanitario que se encuentra en la primera línea de control y tratamiento de casos de covid-19.
Codhez alerta que los pueblos y comunidades indígenas del Zulia presentan problemas a gran escala que requieren soluciones de fondo y de sostenido alcance en el tiempo, no respuestas inoportunas y coyunturales.
La permanente escasez de alimentos, así como la reiterada ineficiencia en la prestación de servicios básicos, en particular de agua potable y electricidad, convierten a estos pueblos en comunidades marginadas y desoladas.
Circunstancias relativas a la pandemia han intensificado la difícil realidad de sus habitantes. Las medidas de restricción y asilamiento han paralizado el sector comercial y productivo, afectando a la gran mayoría dedicada al comercio informal y al intercambio de bienes y servicios.
Todo ello empeora los problemas de inseguridad alimentaria y enfermedades que afectan, en gran medida y particularmente, a niños y personas adultas mayores.
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