Caracas.- En el mes de mayo se registraron 32 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, especialmente 11 periodistas, 6 medios de comunicación y 4 organizaciones no gubernamentales o sus integrantes, así como 15 casos relacionados con restricciones en internet (bloqueos, ataques a portales o fallas del servicio), de acuerdo con el reporte publicado este 6 de junio por la ONG Espacio Público en su portal institucional.

En consecuencia, dice la nota, mayo cerró como el mes con más casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión durante el año 2023 en Venezuela, hasta ahora. En el último mes, documentamos 27 casos lo cual representa un crecimiento de 30 % con respecto al mes de abril, y 51 violaciones, principalmente actos de censura, intimidación y hostigamiento verbal, que acumula casi 65 % del total de denuncias.

Como victimarios o responsables de las violaciones, la organización señala que 14 de los 33 victimarios fueron instituciones del Estado, junto con 7 cuerpos de seguridad y 5 funcionarios, “lo que pone de manifiesto la política continuada e impune de irrespeto al derecho de la población a expresarse e informarse libremente”.

Ataques a periodistas

La nota reseña varios casos en los cuales fueron víctimas varios periodistas, entre los cuales destacamos el primero del mes, el día  4 de mayo, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía del estado Táchira intimidaron a la periodista y corresponsal de La Patilla, Luz Dary Depablos, luego de que terminara de grabar una entrevista cerca de una sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

–A mediados de mayo -continúa la nota-, y en línea con una política oficial vigente desde febrero de este año, el personal de seguridad del Hospital Central de Maturín, estado Monagas impidió el acceso a periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias, de La Patilla y de Qué Pasa en Venezuela. Les advirtieron que no los dejarían pasar a pisos superiores del hospital y que “cualquier cifra o dato a publicar debe contar con la autorización previa del Ministerio de Salud o de la Autoridad Única en Salud de la entidad”.

El arquitecto y columnista del portal Aporrea, Servando Marín, fue detenido el 1° de mayo bajo la acusación inconstitucional de “promoción e incitación al odio” por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y liberado con régimen de presentación el 7 de mayo.

El hecho ocurrió en Cumaná, estado Sucre (noreste), y según reportó Punto de Corte, a Marín se le informó de una “supuesta flagrancia” al utilizar las redes sociales para hacer una convocatoria de prensa, en la que “‘promovía e incitaba al odio”. Según el portal Aporrea, a su columnista lo detuvieron “por ejercer su derecho a informar, opinar, expresar ideas y pensamientos.

Otro caso de resonancia, expuesta en la nota, ocurrió el 10 de mayo, cuando funcionarios del CICPC detuvieron a la ciudadana Yrasema Malavé mientras daba una entrevista virtual a la periodista Sebastiana Barráez sobre el caso de su hija desaparecida en Valencia, estado Carabobo. Según reportes de prensa, Malavé ha denunciado a funcionarios presuntamente relacionados con el caso, y retuitea casos similares de irregularidades que ocurren en el Concejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes “y la actuación de los fiscales” alrededor de esos casos.

El humorista y locutor Luis Chataing, el 18 de mayo recibió amenazas de “acciones legales” por parte del ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, luego de mencionarlo en una publicación en su cuenta de Twitter.

Villegas citó un tuit irónico que publicó Chataing, lo “emplazó” a retirar la publicación y se reservó “las acciones legales a que hubiera lugar”. El chiste hacía referencia a la muerte en custodia policial del hacker Juan Almeida, quien falleció a causa de una enfermedad según la versión oficial, y la comparaba con los partes médicos que ofrecía Villegas del expresidente Hugo Chávez.