Nacional

Obispos: Es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre consecuencias de la pandemia

15 de octubre de 2020

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En ocasión de la reunión de comisiones episcopales realizada de forma virtua,l desde el 13 al 15 de octubre de 2020, a través de un documento se refieren una vez más a las elecciones parlamentarias, indicando que “el evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla”.

Los arzobispos y obispos de Venezuela dirigieron a la comunidad nacional e internacional la exhortación pastoral titulado: Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país, en la que comparten sus reflexiones sobre las “ya conocidas las angustias y carencias que sufre el pueblo de Venezuela”.

El documento emitido es el siguiente:

Sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país

“El Señor es un refugio para el oprimido, un refugio en momentos de peligro”. (Sal 9,10)

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, con ocasión de la reunión de Comisiones Episcopales, que estamos celebrando del 13 al 15 de octubre de 2020 a través de medios electrónicos, movidos por la fuerza del Evangelio y por nuestra condición de pastores al servicio del Pueblo de Dios y en comunión con todos aquellos que buscan la luz de la verdad, queremos compartir con toda la comunidad nacional e internacional algunas reflexiones sobre la dramática situación social, económica, moral y política que vive nuestro país.

Son ya conocidas las angustias y carencias que sufre el pueblo de Venezuela, desde la escasez y el desabastecimiento de alimentos, pasando por la deficiencia de los servicios públicos, hasta el irrespeto de sus derechos más elementales. Esta problemática se ha visto potenciada por el surgimiento de la pandemia del COVID-19, que va dejando su estela de dolor y muerte en todos los rincones de nuestra geografía. Son muchos los que se sienten angustiados e indefensos, sin posibilidades de enfrentar una crisis que los lleva a situaciones límites de inseguridad y precariedad personal y familiar. La Iglesia católica, a través de sus instituciones y parroquias, acompaña de cerca la vida de nuestro pueblo, e intenta suplir sus necesidades prioritarias, desde sus limitadas posibilidades, competencias y permisos que le otorgan. Pese a todo, reiteramos nuestro firme compromiso de seguir descubriendo y sirviendo a Jesucristo en nuestros hermanos necesitados (cf. Mt 25,31-40).

El Ejecutivo Nacional ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a los grandes problemas nacionales y sus actuaciones tienden a agravarlos. A todas luces, aparece que su único objetivo es permanecer a toda costa en el poder, sin importar cuanto sufrimiento traiga eso al pueblo venezolano. Por su parte, los sectores de oposición se muestran divididos y sin presentar una alternativa verdadera de cambio. Tanto el oficialismo como la oposición no presentan un proyecto de país que logre reunir y convencer la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de vivir en justicia, libertad y paz. Venezuela reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política. Como bien lo ha señalado recientemente el Papa Francisco, “hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común” (Carta Encíclica FRATELLI TUTTI, n. 154). No se toma en cuenta la dignidad de las personas, sobre todo de los más vulnerables: “El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas” (Carta Encíclica FRATELLI TUTTI, n. 155). La prioridad es la gente, el bien común, y no los intereses personales o de grupos, sean estos de una u otra ideología política.

Los ciudadanos agobiados por esta situación, cansados de no encontrar respuesta a sus justos reclamos y sintiéndose engañados por las reiteradas promesas o propuestas sin cumplimiento, ejercen hoy por doquier, de modo casi espontáneo y con una organización local, su derecho constitucional a la protesta pacífica. Sin embargo, reciben como respuesta de las autoridades la censura informativa, la represión de los organismos policiales y militares y la persecución política por la vía judicial. Rechazamos este modo de actuación por ser contrario a los principios democráticos consagrados por nuestra legislación y como un ataque directo a la soberanía popular que tiene derecho a expresarse. El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos constitucionales.

Observamos con dolor cómo grupos de hermanos nuestros, vendiendo sus pocas pertenencias, emprenden largas caminatas desde diversas regiones para salir del país. Más que emigrar, huyen de un país que no les ofrece garantías de una vida digna. Además de sufrir los rigores del clima y del cansancio, son sometidos al menosprecio de algunos de sus conciudadanos. Empeora su situación el maltrato de las autoridades militares y policiales quienes a lo largo del camino les requisan y les arrebatan sus pertenencias y el dinero que llevan. En vez de protegerlos, como lo juraron hacer ante Dios y la patria, los vejan y los consideran como ciudadanos de segunda categoría. Estas son realidades que claman al cielo.

La naturaleza del régimen gubernamental ha sido puesta en evidencia, una vez más, por el informe del Comité de DDHH, y el reciente Informe del grupo de expertos de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas y de los informes de la Unión Europea. Todos estos informes sobre los derechos humanos, demoledores por realistas, se han quedado cortos en referencia a la realidad que se vive en el país. Los DDHH no pueden ser solo los de los políticos. La dignidad de las personas es ampliamente irrespetada en nuestro país y muchas de las situaciones que se sufren constituyen crímenes de Lesa Humanidad. Es de justicia, por tanto, que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sean juzgados, y que las instituciones del Estado actúen, conforme a derecho, para que estos hechos abominables no se produzcan de nuevo, rompiendo el “círculo infernal” de su carácter sistemático. La llamada “ley antibloqueo”, aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, es una expresión más de la voluntad del gobierno de conducir a nuestro país por caminos distintos a la legalidad, y así, dilapidar los recursos nacionales que son de todos, con el agravante, que ahora pretende hacerse de forma oculta y totalmente discrecional.

El evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla. Es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral. Esto sin olvidar que aún deben realizarse las elecciones presidenciales, pues las del 2018 estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al actual régimen, a los ojos de Venezuela y de muchas naciones, como un poder de facto. La voluntad mayoritaria del pueblo venezolano es dilucidar su futuro político a través de la vía electoral. Esto implica una convocatoria a unas auténticas elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales con condiciones de libertad e igualdad para todos los participantes, y con acompañamiento y seguimiento de organismos internacionales plurales.

Como recientemente señaló el comunicado de la Presidencia de la CEV, no basta la simple abstención para poner en evidencia la ilegitimidad del proceso y alcanzar el cambio político tan deseado. Por tal motivo, las diversas organizaciones civiles, las universidades, los gremios, las academias, los empresarios y los trabajadores, las comunidades de los pueblos originarios y los jóvenes deben hacer esfuerzos en conjunto para restablecer los derechos democráticos de la nación. Para ello es necesario acompañar la protesta pacífica, cívica y social que hoy se extiende en todo el país, establecer una ruta clara para la transformación política, democrática y civil, y superar personalismos que dañan la misión colectiva de lograr una Venezuela donde vuelva a imperar la justicia y la paz.

Ante estas dificultades, invitamos de nuevo a los fieles católicos y a todos los creyentes a elevar sus oraciones a Dios para que nos conceda lograr una solución pacífica a nuestros problemas. Nuestro próximo Beato, el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, ejemplo de santidad y civismo, nos señale la ruta para hacerla presente en el hoy de Venezuela. Nuestra Señora de Coromoto siga haciendo con nosotros el camino para la conquista de la convivencia democrática y el reencuentro de todos los venezolanos. Con nuestra afectuosa bendición episcopal.

Los Arzobispos y Obispos de Venezuela