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ONG Espacio Público exige derogar la “Ley contra el Odio” por considerarla un mecanismo de censura en Venezuela
miércoles 29 abril, 2026
La organización no gubernamental Espacio Público exigió la derogación inmediata de la denominada “Ley contra el Odio” en Venezuela, al considerar que se ha convertido en un instrumento de control del espacio cívico y de censura institucionalizada bajo el argumento de la seguridad nacional.
Durante la presentación del informe “Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela 2025”, el director de la ONG, Carlos Correa, calificó la normativa como “vaga, imprecisa y represiva”, diseñada para fomentar la autocensura, perseguir la disidencia y criminalizar opiniones críticas hacia el poder.
Ataque a la libertad de expresión y penas severas
El documento advierte que la ley utiliza conceptos ambiguos como “odio” o “intolerancia”, lo que permite interpretaciones discrecionales por parte del Estado. Esta falta de precisión jurídica, sumada a sanciones severas, que van de 10 a 20 años de prisión, genera un efecto disuasorio que impacta directamente el ejercicio de la libertad de expresión.
Correa sostuvo que la norma es inconstitucional, ya que fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente sin facultades legislativas. En ese sentido, afirmó que cualquier juez podría derogarla debido a su origen irregular. Asimismo, denunció que la ley se emplea para intimidar, controlar y castigar la crítica política, incluso en redes sociales.
El informe también cuestiona la denominación de “Ley Constitucional”, al señalar que genera una ambigüedad jurídica que dificulta su control. Esta situación, según la ONG, contradice los principios de legalidad y previsibilidad establecidos en estándares internacionales, incluyendo criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desproporción y violaciones al debido proceso
Espacio Público alertó que las sanciones previstas en la ley son desproporcionadas y superan incluso las penas por delitos graves como el homicidio. Además, la imprescriptibilidad de los delitos contemplados equipara estas conductas con crímenes de lesa humanidad, lo que resulta incompatible con estándares internacionales.
El informe también señala que la normativa obliga a plataformas digitales a eliminar contenidos en un plazo de seis horas, bajo amenaza de sanciones, lo que fomenta la eliminación masiva de publicaciones y restringe el debate público.
En cuanto a su aplicación, la ONG documentó detenciones sin orden judicial, incomunicación de los detenidos y obstáculos al derecho a la defensa, configurando violaciones al debido proceso. Estos patrones, advierten, reflejan un deterioro estructural del Estado de derecho en el país.
Uso sistemático contra periodistas y ciudadanos
De acuerdo con los datos recopilados, la Ley contra el Odio ha sido aplicada de forma sistemática contra ciudadanos, periodistas, trabajadores públicos y miembros de organizaciones civiles. Entre 2017 y 2024 se registraron más de 120 casos de vulneraciones a la libertad de expresión vinculadas a esta normativa.
El período posterior a los comicios de 2024-2025 evidenció un aumento en su uso: al menos 73 detenciones fueron documentadas por ejercer la libertad de expresión, de las cuales 33 estuvieron relacionadas con supuestos delitos de “instigación al odio”.
La ONG también alertó sobre la existencia de esquemas de extorsión vinculados a la ley, donde funcionarios o particulares amenazan con denuncias para obtener beneficios económicos, aprovechando la ambigüedad del texto legal y la severidad de las penas.
En este contexto, Espacio Público advirtió que nuevas iniciativas legislativas, como proyectos recientes y leyes promulgadas en 2024, reproducen y profundizan el mismo enfoque punitivo, consolidando un patrón restrictivo sobre el ejercicio de derechos fundamentales.
Por: Carmenmilagro Aulino/ El Impulso
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